El Noroeste pide que su tejido industrial se refleje en la regulación de la FP Dual

A. Calvo | León

La reunión de los consejeros de Educación de Castilla y León, Asturias y Galicia estos días en León para abordar cuestiones clave en relación al futuro pacto de Estado para la Educación ha puesto sobre la mesa asuntos esenciales para estas comunidades del Noroeste que quieren dejar la impronta de su singularidad en el nuevo marco regulador educativo que están elaborando todos los agentes implicados. Entre ellas, una tan singular como el tejido industrial, ya que inciden en que es necesario condicionar un sistema de la FP Dual en el sistema educativo «definiendo un marco flexible que permita la coexistencia de diferentes modelos que den respuesta a las peculiaridades existentes en cada comunidad y las especificidades de nuestro entorno productivo y los cambios tecnológicos y organizativos cada vez más rápidos e imprevisibles», como figura en las conclusiones presentadas por los tres consejeros tras su encuentro, a lo que añaden la necesaria implicación y compromiso de los interlocutores sociales, entidades, clústeres, asociaciones profesionales y empresariales, cámaras de comercio y de las propias empresas para el desarrollo de un sistema de FP Dual propio del sistema educativo.

Otro de los puntos en los que incidieron fue el respeto por la escuela del medio rural «que precisa de una atención específica, tanto de financiación como de otros recursos como el transporte, los comedores o las actividades extraescolares», resaltó el consejero de Educación de Castilla y León, quien incidió en que este era «el punto más importante». La dispersión de la población debe tenerse en cuenta a la hora de la financiación así como el incremento de coste, que se duplica frente al medio urbano, «por lo que precisa de una financiación específica». «El Pacto de Estado por la Educación debe contemplar estándares mínimos de calidad que garantice la sostenibilidad rural temporal y financieramente y una efectividad de oportunidades».

En relación a la igualdad de todos los alumnos en el sistema educativo, también se apostó por la equidad y la inclusión «como factores determinantes» de la calidad del sistema educativo y fomentar la autonomía de los centros para crear organizaciones educativas competentes y la posibilidad «de evolucionar hacia un modelo del siglo XXI y contemplarse la evaluación de todos los elementos como proceso fundamental incluyendo la evaluación de los currículos escolares y de la organización de los centros».

Un plan nacional que fije los mínimos digitales para cada centro educativo, con especial atención a la escuela rural, fue otra de las propuestas en relación a la conectividad de los centros, que deberá estar vinculado a un plan de formación del profesorado.

Rebajar la tasa de interinidad por debajo del 8%, eliminando el límite de la tasa de reposición, convocar procesos selectivos con el mayor número de plazas posibles, actualizar la normativa de acceso a la función docente, incluir en la definición de las titulaciones universitarias la referencia a las especialidades de los cuerpos docentes que se pueden impartir y adecuar la normativa para la enseñanza privada y concertada y extenderlo a la pública «para evitar disfunciones», son algunas de las medidas propuestas en relación al personal docente por los tres consejeros del Noroeste.

La Universidad completa el listado de los temas abordados y reclamaron un repositorio para albergar normativa, información pública o notas; avanzar en el desarrollo de titulaciones interautonómicas y «potenciar la especialización de los campus universitarios, garantizando el equilibrio territorial, tanto dentro de cada comunidad autonómica como fuera de ella», así como la posibilidad de avanzar en los postgrados duales, que al igual que en la FP, dará un mayor impulso a la empleabilidad de los universitarios.