Cerrar

Condenan a tres años de cárcel a un recluso yihadista en Mansilla

Atacó a tres funcionarios de la prisión de Mallorca al grito de: «¡Alá es grande!».

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

miguel ángel zamora | león

Un súbdito marroquí de 34 años de edad aceptó esta semana una condena de tres años de prisión tras ser juzgado por un delito de atentado, al agredir a tres funcionarios del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca.

El procesado reconoció durante el juicio que atacó a los vigilantes tras provocar un incidente y desobedecer sus indicaciones. Les propinó patadas y puñetazos, causándoles diversas lesiones hasta que pudieron reducirlo. El hombre se declaró autor de delitos de atentado y lesiones y se conformó con la pena. Es su quinta condena por agresiones a policías, vigilantes y funcionarios. En Madrid hirió a un agente al lanzarle una bombona de butano y en las cárceles de Dueñas (Palencia) y Algeciras atacó a mordiscos y golpes a dos trabajadores.

En su periplo por los centros penitenciarios de España, Rachid D. recaló en Palma. El 3 de abril de 2016, a primera hora de la mañana, provocó un altercado cuando los funcionarios llevaban a cabo un recuento. El recluso desobedeció sus órdenes y se protegió las manos con unas camisetas, utilizándolas como guantes de boxeo. Se subió entonces a la cama de su celda y retó a los funcionarios: «¡Venid a por mí si tenéis huevos, perras!». Tres empleados recibieron una lluvia de patadas y puñetazos cuando se abalanzaron sobre él para inmovilizarlo. «¡Alá es grande y se hará justicia! Esto no va a quedar así, ya nos veremos cuando salga!», les gritó, según Diario de Malllorca .

La fiscalía reclamó seis años y dos meses de prisión para el interno por delitos de atentado y lesiones. Sin embargo, el ministerio público rebajó su petición tras alcanzar un acuerdo con la defensa del acusado. El hombre declaró en el juicio por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Villahierro, donde esta recluido. Admitió los hechos y se conformó con una pena de dos años y 11 meses de cárcel. Además, deberá indemnizar con 2.000 euros al funcionario.