Diario de León

LOS ARGUMENTOS DE LAS ACUSACIONES

Un «contubernio inverosímil» que ‘desarma’ el argumento del delito

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«Para que lo que se juzga sea delito tiene que existir conciencia de que se está cometiendo una actividad fraudulenta». Y parece difícil, en opinión de las defensas de los consejeros, no sólo que existiera esa conciencia de estar cometiendo irregularidades, sino la voluntad misma de favorecer los intereses empresariales de una persona que no contaba con el apoyo de buena parte de los consejeros. Porque al fin y al cabo, y eso era una evidencia histórica que además denunció en sus informes el Banco de España como un lastre para la viabilidad de la entidad con sede en León, los enfrentamientos políticos y las pugnas de intereses estaban lamentablemente por encima de las necesidades de la caja en la que la mayoría de los leoneses tenían depositados sus ahorros desde mucho tiempo antes de que la crisis, el lastre inmobiliario o las presuntas prebendas al grupo empresarial de Llamas cuestionaran la gestión de la histórica y aún hoy principal entidad financiera de la provincia.

El caso es que, según las defensas de los consejeros, el tipo penal que se reclama en el proceso requiere que concurra «un elemento doloso que equivale al conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona». Las defensas parten del hecho de que lo que se juzga no causa perjuicio a la entidad, pero añaden que «resulta además inverosímil la confabulación o contubernio» de 14 miembros del Consejo de Administración, «más los técnicos de la caja, los miembros de la Comisión de Control, los funcionarios de la Junta de Castilla y León, para favorecer a un tercero al que muchos de ellos no apoyaban, y perjudicar a la entidad a la que representaban».

Para las acusaciones, en este caso, lo que se somete a juicio no es una cuestión de contabilidad, sino la aprobación de unas operaciones temerarias que suponen administración desleal. Y eso implica determinar quiénes son los responsables de las actuaciones. Y, sobre todo, cuál es la responsabilidad real de los consejeros sobre las decisiones que tomaban. Se cuestiona si disponían en realidad de toda la información necesaria, pero comprobarlo también era su responsabilidad.

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