Las acusaciones del caso Llamas solicitan un careo entre los peritos

El primer grupo de los trece consejeros citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de León por la refinanciación en enero de 2009 de los créditos a las empresas del entonces presidente de Caja España, Santos Llamas, acude esta mañana a los juzgados. Después de casi cinco años de instrucción del caso, las acusaciones tienen intención de solicitar un careo entre los peritos del Banco de España que realizaron los dos informes presentados al juez en los que se basan la acusación de presunta administración desleal tanto de IU, Ecologistas en Acción e Iquierda Abierta como de la Fiscalía; y los expertos que han realizado la pericial de las defensas.

Las acusaciones reconocen que un careo de este tipo no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que tampoco es la primera vez que se hace, y que resultaría esclarecedor por lo contradictorio de las conclusiones de ambos informes.

Los ex consejeros acuden a declarar a pesar de que parte de las defensas solicitaron de nuevo la pasada semana la suspensión de estas comparecencias. Las defensas mantienen además que la causa no debería escindirse, como ocurrirá si por su condición de aforado Fernando Martínez Maíllo tiene que responder finalmente ante el Tribunal Supremo mientras el resto de los investigados lo hacen ante el juzgado leonés. Una situación que podría derivar «en el absurdo» de que se dicten resoluciones distintas por el mismo caso.

Comienzan las declaraciones

A partir de las 10.30 horas de hoy acudirán al juzgado Miguel Ángel Álvarez, Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Artemio Domínguez, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Alejandro Menéndez y Javier García-Prieto. El auto de la jueza que instruye el caso (y que está de baja, por tanto tomará declaración un juez suplente) mantiene que la concesión por el Consejo de Administración de créditos al grupo de Llamas sin garantías «supuso un quebranto del deber de lealtad, que puso en peligro los intereses de la caja y le ocasionó un perjuicio que los peritos cifran en al menos 29 millones de euros». Una situación que provocó que la entidad necesitase recibir ayudas públicas a través del FROB.

Las acusaciones sostienen que no se trata de dirimir cuestiones de contabilidad, sino «el daño causado a la caja por unas operaciones temerarias». Y que la Sareb adquirió todos los activos tóxicos de Llamas por 24 millones de euros cuando en los créditos estaban valorados en 60 millones. Cuestionan así el error de quienes debían de tener la «certeza razonable» de que se iban a devolver los créditos; algo difícil de determinar «cuando era el presidente de la caja quien obtenía los créditos».

Las defensas, por su parte, insisten en que las garantías vinculadas a los préstamos perdieron valor como consecuencia del deterioro macroeconómico del sector inmobiliario; y que la Sareb recortó «la generalidad de los créditos del sector promotor». Y mantienen que la decisión fue la mejor para los intereses de la entidad en aquel momento, porque haber llevado a cabo una ejecución hipotecaria habría dañado las cuentas y habría provocado también alarma social.