La suerte de los consejeros de Caja España depende ya de la Audiencia Provincial

El juez de Instrucción número 1 de León, Fernando Muñiz Tejerina, desestimó ayer el recurso de reforma interpuesto por la representación de Izquierda Unida contra el auto de seis de marzo en el que se desestimaba la responsabilidad penal de los consejeros de Caja España. El magistrado, que sustituye a la titular del Juzgado número 5, razonaba el sobreseimiento en "la prescripción del delito societario".

En el auto, el juez destaca que "nada impide que (la prescripción) se pueda apreciar respecto de unos investigados y no respecto de otros, dado el carácter personalísimo e individual de la responsabilidad penal". Según el abogado de IU, Alberto López Villa, estas palabras se explican en que la prescripción podría limitarse a Javier García Prieto, que era aforado en el momento de la acusación, con lo que debería haber sido citado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero no al resto de los investigados. No obstante, el juez subraya en el auto que las propias acusaciones sólo han considerado procedente la citación de los integrantes del Consejo de Administración de 8 de enero de 2009, con lo que no parece razonable que se pueda extender su responsabilidad a actos o acuerdos ulteriores en cuya aprobación no habrían intervenido. El magistrado considera además que su decisión no colisiona con la de la Audiencia, que se pronunció en el sentido de desestimar los recursos de la defensa, y defiende que transcurrió el plazo de prescripción de cinco años desde el citado acuerdo de 2009 hasta la resolución que acordó la citación de los investigados. "Ello no contradice lo expuesto en el Auto de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León de 9 de enero de 2017 que, al igual que la providencia de 6 de abril de 2015, partía de presupuestos fácticos distintos a los que se han perfilado en la presente investigación", precisa.

 Alberto López Villa recuerda que la Audiencia Provincial ya señaló, el pasado 9 de enero de 2017, que no cabía prescripción porque los presuntos delitos se habrían estado cometiendo hasta el año 2012. Asimismo, la providencia de 6 de abril de 2015, que es la primera que cita a los investigados, es la que afirma que no han transcurrido cinco años. "El juez, sin embargo, cree que el hecho delictivo se circunscribe a 2009", destaca el abogado, que añade que se pedirá que la causa se individualice. "De acuerdo a los peritos del Banco de España, la reestructuración de los créditos se produjo hasta el año 2012", añade el abogado, que añade que pedirán que se concrete quién y hasta cuándo formó parte del Consejo de Caja España que firmó la refinanciación de la deuda del constructor. La acusación presentará recurso ante la Audiencia el próximo lunes, que se unirá al presentado por la Fiscalía.

Hay que recordar que, según consta en la declaración de los peritos del Banco de España ante el juez, «no hubo ningún seguimiento de las operaciones de crédito concedidos al grupo Santos Llamas, existiendo límites de disposición del 50%, que algunas veces alcanzó el 87%». Miquel Seguí y Francisco Javier Lorente aseguraron ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León —que instruye el caso — el fiscal jefe, los abogados de la acusación particular y los de la defensa de los consejeros investigados, que  los créditos que analizaron en 2007 y 2008 alcanzaron el carácter de «dudosos» hasta un 37% de los que fueron objeto de inspección. Además, precisaron que en una ocasión se llegó a financiar el 117% del precio de compra sin IVA. En la misma declaración, los expertos del Banco de España aseguran que los consejeros de Caja España permitieron que su presidente se financiara con créditos de la entidad sin asumir riesgo alguno. «Todos los riesgos los asumía, en su totalidad, Caja España», sostienen en las grabaciones. Los inspectores añadieron que, según sus investigaciones, los por entonces consejeros — Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— incumplieron los límites y la política de riesgo que la propia entidad se había impuesto y aprobado en el Consejo de Administración celebrado en abril de 2004.