MACROOPERACIÓN POLICIAL
La Udef registra los ayuntamientos de León, Astorga, Villaquilambre y San Andrés por corrupción con las multas y los foto rojo
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Agentes de la policía nacional a la puerta del Ayuntamiento de la capital.
La Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación contra la corrupción en cuyo marco se está efectuando un registro en el Ayuntamiento de León. Dentro de la operación, que afecta además a ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Asturias se prevén unas sesenta detenciones y otros tantos registros para investigar posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, han informado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que los registros se llevan a cabo en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.
Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.
En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En Cataluña, la operación se centra en los ayuntamientos barceloneses de Mollet del Vallès y Tiana, y en el de Lleida, mientras que agentes han acudido al de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, según ha podido confirmar Efe.