La Udef investiga irregularidades en contratos de cinco ayuntamientos

dl | león

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) entró ayer en cinco ayuntamientos leoneses dentro de una macrooperación nacional que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obras y servicios. Los agentes revisaron las dependencias municipales de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo, donde recogieron documentación de licitaciones de proyectos y se entrevistaron con técnicos y responsables políticos para avanzar en la investigación, abierta a instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona. En total, dentro del operativo, denominado Enredadera, se produjeron registros en 25 consistorios de todo el territorio nacional y 12 empresas.

La operación dejó en León tres detenidos: el concejal de San Andrés del Rabanedo y diputado provincial por Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, su asesor en la institución provincial, Sadat Maraña, y el exconcejal socialista de Astorga Juan Simón, quien fue concejal de Personal y Deportes en el pasado mandato.

Los agentes policiales requirieron información además a once personas. En San Andrés del Rabanedo, a la alcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Flórez, y el concejal de Hacienda, Santiago Blanco, así como a su socio de gobierno del PAL y responsable de la concejalía de Servicios Generales y Medio Ambiente, Francisco Gómez y a un aparejador municipal; todos ellos estuvieron presentes en los registros policiales en las dependencias del consistorio y luego pasaron a la comisaría de la Policía Nacional, donde permanecieron hasta última hora de la tarde. En la misma situación estuvieron en Villaquilambre el primer edil, Manuel García, y su concejala de Personal, Mónica Varón, además de un técnico municipal.

El abogado de los alcaldes de estos dos municipios, Fernando Rodríguez Santocildes, trasladó que «la Policía se excedió en las órdenes dadas por el juzgado de Badalona», dado que «dieron formato de detención a lo que sólo era una localización». «Confío en que esto se archive porque no hay indicio de delito sino que han disparado a todos los lados, lo que ha producido un menoscabo en la imagen de estas personas», recalcó, a la vez que recordó la condición de aforado del alcalde de Villaquilambre y procurador en las Cortes.

En Astorga, tuvieron que pasar toda la tarde tras el registro del Ayuntamiento el alcalde del PP, Arsenio García, el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz, y el responsable de Deportes, Javier Guzmán, a los que se sumó su socio de gobierno del PAL, Pablo Peyuca. El abogado de Ortiz insistió en que «no se sostienen» los delitos de «prevaricación, malversación y organización criminal» que se le imputan a su cliente.

En la Comisaría de la Policía Nacional del municipio coincidió además la declaración del alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, diputado provincial y número 4 del PSOE autonómico, Joaquín Llamas.

Sin detenciones en la capital

No hubo lugar a estas declaraciones en el Ayuntamiento de León, ni tampoco se produjeron detenciones, como confirmó el alcalde, Antonio Silván, quien a media mañana comunicó que la comisión investigadora le había trasladado que se trataba de una recogida de información. Los agentes de la Udef precintaron desde primera hora de la mañana el despacho del concejal de Deportes, Infraestructuras y Obras, José María López Benito, así como de dos técnicos: el arquitecto jefe y el ingeniero de vías. Los agentes hicieron varias preguntas al edil y le notificaron que tendrá que pasar a declarar en las próximas fechas. Por la tarde, entraron en los despachos y abrieron los ordenadores para volcar su contenido, con la ayuda del jefe de informática, y visitaron otras dependencias municipales, caso del Palacio de Don Gutierre, para recabar más información. Pasadas las once de la noche todavía seguían dentro del consistorio, de donde se llevaron nueve cajas de documentación.

Los agentes de la Udef solicitaron además a los responsables de Contratación, Intervención y Secretaría General del Ayuntamiento que les facilitaron información de diversos expedientes. De manera concreta, se interesaron por todos aquellos en los que estuvieran implicadas una docena de empresas, aunque no se les hubiera adjudicado. Entre ellas estaba Gespol, la empresa del grupo Valoriza que la operación nacional fija como una de las presuntas beneficiarias de contratos de gestión de semáforos y radar, pero que en León la primera vez que se presentó a un concurso público, en 2007, quedó la última en la puntuación y en la siguiente, resuelta de manera reciente, tampoco se hizo con el contrato.