Casi 600 funcionarios destacados a 200 puntos de España
Las cifras de la operación Enredadera, un duro golpe a la gestión municipal y que no concluirá hasta hoy, resultan apabullantes: 39 detenciones, 16 de ellos alcaldes y concejales, y ocho jefes de policías locales; amén de técnicos municipales y empresarios, otros 70 cargos y empleados municipales están imputados; se practicaron 92 registros, entre ellos allanamientos en 25 ayuntamientos, 31 despachos, 24 domicilios y 12 empresas. En total, la policía desplegó 580 funcionarios de forma simultánea en casi 200 puntos diferentes de diez comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Fue un despliegue casi sin precedentes en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, dio por desmantelada una vastísima red de adjudicaciones amañadas en la gestión del tráfico municipal que operaba, en algunos casos, desde 2010 y que salpica a cargos electos del PP, del PSOE y, por primera vez, de Ciudadanos, al menos con tres responsables del partido bajo sospecha. El alcalde de la formación naranja en el municipio de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, se convirtió en el primer regidor de ese partido detenido por corrupción. El epicentro de la investigación es la firma Aplicaciones Gespol, empresa tecnológica perteneciente a Valoriza Medioambiente, de Sacyr. El grupo se apresuró a explicar que Gespol, dos de cuyos responsables fueron arrestados, fue comprada en octubre 2016, por tanto, antes de la mayoría de las adjudicaciones investigadas.
Las adjudicaciones investigadas son de lo más variadas, aunque todas están relacionadas con la «pacificación del tráfico en sentido amplio», según citan textualmente los atestados. Los funcionarios reclamaron en los ayuntamientos y empresas todos los expedientes sobre radares, semáforos, cámaras de seguridad, circuitos cerrados, sistemas de radiocomunicación, alumbrado, previsión meteorológica, grúa, zona azul, gestión tributaria y de sanciones y software de policía local.
Los contratos, apuntan los investigadores, eran sometidos a todo tipo de irregularidades. Entre ellas, pago de mordidas a alcaldes, funcionarios y jefes policiales a cambio de adjudicaciones a Gespol, alteración de los pliegos, fraccionamiento de los importes, hinchado de precios e, incluso, manipulación de los datos sobre siniestralidad y puntos negros para justificar adjudicaciones innecesarias.
Los cargos de Anticorrupción contra los investigados son múltiples: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La trama extendió sus tentáculos en, al menos, seis ayuntamientos de capitales de provincia, además de la Diputación de Alicante, además de otros municipios menores.