Segunda jornada de declaraciones en Badalona por la Operación Enredadera

dl | león

La segunda jornada de declaraciones en el juzgado número 2 de Instrucción de Badalona, donde radica el núcleo central de la Operación Enredadera, se saldó ayer con el paso de los detenidos leoneses. El juez interrogó a los cuatro investigados que fueron detenidos el pasado martes en la provincia leonesa: el portavoz de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo y diputado provincial, Juan Carlos Fernández; el asesor de la formación naranja en la institución provincial, Sadat Maraña; el empresario astorgano Ángel Luis García Martín, el Patatero; y el exconcejal socialista de Deportes de Astorga y trabajador de éste último en la empresa Agema, Juan José Simón. Al cierre de la edición de este periódico, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña no había hecho público si ingresaban en prisión o quedaban en libertad con medidas cautelares, después de las declaraciones para esclarecer su participación.

En la noche de ayer, el juez que investiga la causa resolvió el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de tres de los investigados que habían prestado declaración hasta las tres de la madrugada, entre ellos el empresario José Luis Ulibarri, quien recurrió la medida ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Además, puso en libertad a otras seis personas con medidas cautelares de retirada del pasaporte y obligación de personarse en el juzgado de manera periódica.

La causa, que continúa en secreto de sumario, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal. La investigación, iniciada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) y amparada por la Fiscalía Anticorrupción, comenzó con escuchas en el año 2016, pero no salió a la luz pública hasta el pasado martes. Entonces, de manera coordinada, alrededor de 600 agentes realizaron 55 entradas y registros en domicilios, 12 empresas y 25 ayuntamientos de todo el territorio nacional. Entre las administraciones investigadas están los consistorios de León capital, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo, donde los funcionarios de la Policía Nacional se llevaron documentación sobre concursos públicos de obras y servicios, centrados sobre todo en más de una docena de empresas.

Junto con la instrucción de Badalona, el TSJ de Castilla y León informó de que el juzgado de Astorga se encarga de una pieza separada, en la que están investigados el alcalde del PP, Arsenio García, el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz, y el responsable de Deportes, Javier Guzmán, a los que se sumó su socio de gobierno del PAL, Pablo Peyuca, así como el regidor de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas. Con la misma condición de pieza separada, pero en el Juzgado de Instrucción 1 de la capital leonesa, hay otra que se mantiene también secreta y cuyo alcance se desconoce.