La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos por el contrato del alumbrado

álvaro caballero | león

Una vez «examinado el contrato de iluminación exterior del Ayuntamiento de León, así como el sistema de contratación y la documentación aportada» la Fiscalía Provincial acredita que no hay «base suficiente para el ejercicio de la acción penal», como consta en el auto dictado. La notificación da respuesta a la denuncia presentada por Podemos el pasado mes de febrero —a la que se sumó después otra aportada por un particular leonés—, después de que su secretario autonómico, Pablo Fernández, insistiera en la existencia de «graves irregularidades» y defendiera la «intransigencia y contundencia» de su partido con la corrupción política. No la aprecia el Ministerio Fiscal, que abunda en que no se aprecia la existencia de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos que se advertían en las denuncias.

El auto cierra la vía abierta por Podemos, que acudió a la Fiscalía para evitarse la presentación de una denuncia directa, con los consiguientes gastos. Pese a este revés, desde la formación morada incidieron ayer en que han cumplido con su «obligación» y que, aunque respetan la decisión, sus servicios jurídicos «valorarán los pasos a seguir», entre los que cabe acudir a los juzgados.

El escrito de la Fiscalía detalla que «no queda acreditado que en el dictado o elaboración del contrato o en la nueva licitación concurran los elementos necesarios del delito de prevaricación, como la arbitrariedad o injusticia que requiere la resolución dictada, o la falta de fundamentación técnico-jurídica aceptable, que supongan una contradicción patente y grosera del ordenamiento jurídico».

No haya la Fiscalía Provincial tampoco evidencias de malversación de fondos públicos en el apartado del contrato que apunta que la empresa adjudicataria recibirá 677.117,40 euros por el cable robado en 89 calles, que suman 102.102 metros. Frente a las tesis de las denuncias, que incidían en que parte de ese cable ya había sido repuesto, el Ministerio Fiscal constata que sí que repuso en algunos casos «por razones de seguridad ciudadana», aunque apostilla que ha habido «nuevos robos» más allá de lo que fijaba la auditoría, limitada a las sustracciones entre 2010 y 2013. A mayor abundamiento, la fiscal jefe incide en que «el contrato establece expresamente que la empresa adjudicataria se compromete a reponer el cable robado» que figuraba en la auditoría «y los que pudieran producirse asumiendo el riesgo operacional». «La empresa contratada tendrá que instalar las líneas robadas no sólo relacionadas» en la auditoría, sino también las que sean objeto de robo con posterioridad sin cargo alguno y durante la vigencia del contrato, extremos que no acreditan por sí mismos que haya una afectación de los fondos públicos, pues la responsabilidad asumida excede de los plasmado» en la auditoría, como consta en el auto.

El documento analiza también la denuncia que defendía que el Ayuntamiento pagó «el doble del precio de mercado en los suministros eléctricos». La Fiscalía asienta que «del informe remitido se infiere que tales suministros se realizan según el procedimiento establecido», y que «las adquisiciones y convocatorias son públicas, con publicación en el perfil del contratante».

No deja la fiscal jefe sin tratar la denuncia por el abono del alumbrado del aparcamiento de Santa Nonia por parte del Ayuntamiento, a pesar de que lo gestiona un colectivo social por cesión de la Diputación. En este caso, tampoco queda «acreditado que en la contratación o en los pagos efectuados concurran los elementos integrantes ni del delito de prevaricación ni del de malversación de fondos públicos», como recoge el auto.

Al margen de la Fiscalía, el contrato se mantiene paralizado después del dictamen emitido por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl). El órgano dependiente del Consultivo ordena, tras la denuncia presentada por la empresa que perdió el concurso, Ferrovial, que se retrotraiga el proceso al momento anterior a la adjudicación a favor de la UTE formada por OHL, Ingesán y Fermasa y se «motiven suficientemente las puntuaciones otorgadas a cada oferta».