La Junta será responsable de mantener o reducir el horario de los docentes

El Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley, para su aprobación urgente en octubre, que derogará los recortes en el funcionamiento de los colegios e institutos que en 2012 introdujo el decreto de reducción del gasto del entonces ministro popular de Educación, José Ignacio Wert. La norma, que podría aprobarse por el procedimiento de lectura única, anulará la obligación impuesta por el PP de que el horario lectivo mínimo de los docentes de Infantil y Primaria fuese de 25 horas semanales y de 20 horas el de los de ESO, Bachiller y FP. Esta disposición tuvo como resultado un incremento medio de dos horas de clase presencial por docente a la semana. La reforma dejará la situación tal como estaba hace seis años, cuando cada cada autonomía fijaba el horario lectivo de sus docentes, con lo que también decidía cuánta plantilla estaba dispuesta a financiar en cada centro y cuántas horas podían dedicar los profesores a otras tareas, como el refuerzo educativo, la preparación de temas, las tutorías o la atención a las familias.

La misma ley derogará también el artículo del decreto que permitía elevar hasta un 20% el número de alumnos por aula y la disposición que prohibía cubrir con interinos las bajas de profesores hasta pasados diez días lectivos (ahora se volverá a sustituir al docente desde el mismo momento de la ausencia).

Estos recortes introducidos en 2012 supusieron la pérdida de unas 30.000 plazas de profesores, elevaron el porcentaje de los interinos hasta el 20%, masificaron durante años las aulas, y redujeron de forma notable las posibilidades de atención a la diversidad y de lucha contra el fracaso escolar.

Para el curso 2019-2020 La ley para la reversión de los recortes de Wert, aunque entrará en vigor con su aprobación el próximo otoño, no será de aplicación a las autonomías hasta el curso 2019-2010. El objetivo es no interferir en un curso 2018-2019 ya planificado por la mayoría de las administraciones educativas con la legislación actual . Sin embargo, la norma autoriza a las comunidades que así lo decidan a aplicar sus disposiciones desde el curso que comienza en septiembre. Será el caso de Andalucía, que ya decidió en 2017 bajar el horario lectivo de los docentes de Secundaria a 19 horas semanales y que en otoño lo reducirá a 18. También Extremadura comenzará su programa de reducción paulatina de horas lectivas en el curso 2018-2019. La mayoría de los consejeros de Educación, todos menos los cinco del PP, dieron su respaldo al plan del Gobierno para revertir los recortes en la primera Conferencia Sectorial que se celebra con la socialista Isabel Celaá como ministra.

Los responsables educativos del PP, sin embargo, abandonaron con un portazo la reunión cuando aún faltaban dos puntos del orden del día por discutir . Denunciaron que la ministra pretende una política de "yo invito y tú pagas ", porque consideran que para que puedan aplicar estas medidas sin aumentar su deuda el Estado debe aportar financiación adicional a la autonomías. El consejero gallego calculó en unos 60 millones el coste de reducir el horario lectivo de Secundaria a 18 horas en su territorio y el de Castilla y León valoró la ampliación de la plantilla de docentes precisa para aplicar esta media en su comunidad en un aumento presupuestario de entre 55 y 60 millones de euros. Celaá y su equipo solo vieron en este plante "un pataleta", una "sobreactuación" y una estrategia política premeditada del PP. Indicaron que el ministerio lo único que va a hacer con la derogación del decreto de Wert es liberar a las autonomías de la obligación de ahorrar dinero de la educación sin imponerles ninguna otra. Ahora, añadieron, será cada una comunidad quien decida cómo prioriza sus recursos y sus gastos, si en educación o en otras cosas, y tendrá que actuar en consecuencia.