El Gobierno ha expulsado en León a un millar de extranjeros en casi seis años
La procedencia mayoritaria de los migrantes es Marruecos, seguido de numerosos países sudamericanos.
Un inmigrante señala Camerún en un mapa de la asociación Accem de León de ayuda a los migrantes y refugiados. BRUNO MORENO
Yaiza DErbyshire | León
La crisis migratoria internacional azota la demografía nacional con ejemplos como la ‘patata caliente’ del barco de la ONG Open Arms, con la entrada de los refugiados procedentes del continente africano rechazada en numerosas fronteras europeas y a los que finalmente España les abrió sus puertas. Muchos de los migrantes que llegan al territorio español son devueltos a la fuerza a su país natal. Este fenómeno migratorio también se puede observar a nivel local, en León hay un número significante de expulsados al año.
Según una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior del año pasado, el Gobierno ha llevado a cabo 1.048 expulsiones desde 2012 hasta el 30 de junio de 2017. Además, revela que la provincia ocupa el puesto número doce con más extranjeros expulsados en los siete primeros meses del ejercicio anterior, con Madrid y Barcelona por delante.
La procedencia mayoritaria de los expulsados en el territorio nacional en los siete primeros meses de 2017 era marroquí, que sumaron el 41% del total. Los países sudamericanos también conforman una gran parte de los expulsados en el primer semestre de 2017. Colombia es el segundo país con más casos: 219, que suponen el 9,9%.
Existen varias razones por las que los ciudadanos extranjeros son expulsados del territorio: infracciones al orden público, infracciones contra la salud pública o condenas judiciales, entre otras circunstancias.
Un 41,9% de los extranjeros son expulsados de España por estancia irregular. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social explica que «carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la autorización mencionada, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente» es una infracción grave y desencadena la expulsión. La segunda razón de mayor peso es por el artículo 89 y aquellos que tienen un expediente judicial abierto. Los datos de éstos suman un total de 520 personas expulsadas a nivel nacional. Se trata de migrantes que han sido condenados y van desglosados dependiendo de la gravedad de la pena, la mayoría de las personas expulsadas han cometido penas más leves. Un 37,11% de las personas fueron expulsadas por una pena inferior a seis años y un 37,30% por una pena superior a un año. Solo se podrá llevar a cabo la expulsión legalmente si la sentencia ha sido absuelta.
La expulsión siempre va aparejada de una prohibición de entrada en España y la duración varía dependiendo de la razón por la que se ejecuta la devolución.
Si el trámite es de mayor o menor gravedad, la cantidad de tiempo que debe permanecer fuera de las fronteras será mayor o menor. Por razones administrativas, como la irregularidad de los papeles, la sanción es de uno a tres años, pero si es por una condena superior o porque el ciudadano supone un peligro para la sociedad, la prohibición se puede elevar de ocho a diez años.