El Defensor del Pueblo constata el daño por el cierre de las oficinas bancarias

p. infiesta | redacción

El deficiente estado del cuartel de la Guardia Civil en Cacabelos, una investigación sobre un fallecimiento en la prisión de Mansilla de las Mulas y el impacto que causan las obras de los túneles de Pajares del AVE sobre las aguas subterráneas y espacios naturales protegidos, forman parte de las actuaciones de oficio que inició el año pasado el Defensor del Pueblo, tras recibir 227 quejas de los leoneses.

En el informe anual de esta institución también se constata que León es una de las provincias más afectadas por el cierre de oficinas bancarias con la crisis financiera, junto con Zamora, Ávila, Burgos y Palencia. De ahí que el Defensor decidiera realizar gestiones ante el Banco de España y la secretaría de Economía y Apoyo a la Empresa en busca de soluciones.

Además, la institución ‘tiró de las orejas’ a la Junta por la política de prevención de incendios forestales, al igual que a otras comunidades españolas; se interesó por la ayuda a domicilio, la supresión de barreras en el entorno urbano, los planes municipales de garantía alimentaria, la tardanza de las administraciones en responder a los ciudadanos y la situación de los celíacos.

León aportó el 7,4% de las quejas de la comunidad, desde donde en conjunto se enviaron 3.050 expedientes. El número autonómico se multiplicó por tres respecto a las contabilizadas durante 2016 (1.095) y representó el 12,39% del total de quejas en España, cuando un año antes sólo había asumido el 6,78%. El Defensor inició de oficio once investigaciones ante la Junta.

Por provincias, el incremento de las quejas se debió a que se dispararon en Burgos, donde se registraron 1.909 frente a las 135 del año anterior. En Salamanca, se presentaron 230 quejas, 107 más que el año anterior; en Valladolid, 300, donde la institución sumó 49 respecto al año anterior; y en Zamora, 92, con 21 por encima de las contabilizadas un año antes. Además, en León se registraron once más que en 2016, hasta las 227; en Soria, seis, hasta las 37; y en Palencia, dos, para cerrar con 110. Las quejas solo bajaron en Segovia, de las 87 en 2016 a las 72 de 2017; y permanecieron estables en Ávila, con 73.

Por áreas de actuación, la de Función y Empleo Públicos concentró la mayor parte de las quejas, con 1.930 expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo; seguidas por los Asuntos de Interior, con 326; y otros relacionados con los centros penitenciarios (122).

Según el informe anual, en León «el ascensor social ha cambiado de sentido. El Estado social se está reconvirtiendo: los derechos civiles y los derechos sociales se reducen. Ahora arrecia la desigualdad, con el agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado su perímetro, yendo más allá de los tradicionales marginados». Para el Defensor del Pueblo, dirigido por el socialista Francisco Fernández Marugán, si no se cambia esta política, «los conflictos de esta sociedad empobrecida darán lugar, con probabilidad, a más altos antagonismos, en lugar de a unos nuevos consensos». Tras describir los recortes en gasto sanitario y educación, «con una pérdida de calidad manifiesta, «resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas».