Los eurodiputados pedirán a la UE sanciones a Vestas por "uso desleal de fondos" europeos

El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera se ha ofrecido hoy para llevar el caso de Vestas a las instituciones de la Unión Europea e intentar así que éstas se impliquen para impedir el anunciado cierre de la planta de la multinacional eólica danesa en Villadangos del Páramo.

El eurodiputado ya ha comunicado al presidente del Comité de Empresa de esta planta, Juan Francisco García Cabezas, su disponibilidad para iniciar acciones conjuntas con la eurodiputada socialista Iratxe García en el Parlamento Europeo, tanto en la Comisión de Peticiones como en el Pleno de esta institución.

El objetivo sería "poner de manifiesto en el ámbito europeo la deslealtad y la falta de responsabilidad social de la multinacional Vestas, que ha obrado con una piratería incompatible con la preocupación del Parlamento Europeo para exigir y vigilar la necesaria responsabilidad social empresarial".

"Las iniciativas parlamentarias irán en la dirección de exigir a la Comisión Europea su intervención para tratar de evitar el cierre anunciado, así como la exigencia de posibles sanciones por el uso desleal de fondos cofinanciados por la UE", ha explicado Díaz de Mera a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El eurodiputado popular también ha expresado su solidaridad con los trabajadores de Vestas "ante el golpe social y ecológico provocado por esta multinacional tras cobrar subvenciones millonarias y sin avisar previamente de sus intenciones de cierre".

MINAR EN EUROPA LA REPUTACiÓN DE LA MULTINACIONAL

Responsables de la Junta y del Gobierno confiaron en los «gestos de buena voluntad» por parte de los dirigentes de la empresa Vestas que permitan dar marcha atrás al anuncio de cierre de la planta de Villadangos del Páramo. De lo contrario, minarán su reputación en Europa. Tras requerir a la compañía una reunión al más alto nivel para abordar su planteamiento de cierre, se espera que se produzca «en los próximos días» una respuesta satisfactoria. Si no es así, se adoptarán «las medidas oportunas», entre ellas, trasladar la situación al Parlamento Europeo.

Ante esta posibilidad, ayer por la tarde se reunieron en Valladolid la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y la eurodiputada Iratxe García, para trabajar «todos a una». Iratxe García consideró que la denuncia europea podría tener «un efecto» de cara al «prestigio» que tienen algunas empresas en Europa, algo que «no es compatible» con la toma de decisiones «a espaldas a la defensa de los intereses de los trabajadores». Barcones abogó por el trabajo «coordinado» de todas las administraciones para que la noticia de la paralización de la fabricación en Villadangos del Páramo «no llegue a término». A juicio de Barcones, se trata de una cuestión autonómica, pero también del Gobierno de España, quienes trabajarán «de la mano», mientras que Pilar del Olmo fue más dura acusó a Vestars de tener una actitud «reprochable» porque se implantó en Castilla y Léon cuando hubo un negocio importante en el sector ecólico y ahora, que considera que el negocio va a ser menor, decide cerrar la planta, dejando en la calle a más de 500 trabajadores.

La consejera de Hacienda reconoció que tras requerir una reunión al más alto nivel con la empresa, se barajan «todos los escenarios» —incluido el diplomático—, aunque confió en que pueda producirse porque la petición está respaldada por la propia ministra y por el presidente de la Junta, además de que España es un Estado miembro de la Unión Europea.

En relación a las ayudas recibidas por parte de Europa, se pedirá a la Comisión Europea que explique la financiación de fondos europeos recibidos por Vestas y si son «compatibles» con el mantenimiento de la actividad «y pudiera tener algún efecto a tal fin». Según la europarlamentaria, no es posible que Europea esté financiando a empresas «que tienen un compromiso social» y que después de un tiempo «ese compromiso desaparece».