Quiñones ve «legal» su respuesta a la paralización de una carretera en León

dl | valladolid

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sostuvo ayer que todas las actuaciones que lleva a cabo se realizan de forma «honesta» y con trabajo «limpio, legal y volcado en la solución de los problemas de los ciudadanos», como en su opinión hizo en relación a la paralización de las obras de una carretera de León sobre la que mantuvo una conversación telefónica que la Udef intervino en el marco de la Operación Enredadera. Ante la comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, Suárez-Quiñones compareció a petición propia y del Grupo Podemos para informar sobre la gestión realizada en relación al expediente de obras de mejora de la LE-413, que une Villadangos del Páramo y Valcabado, tras entrar en concurso de acreedores la adjudicataria.

Las explicaciones del titular de Fomento, que aseguró no arrepentirse de nada, no convencieron a los grupos Socialista y Podemos y al parlamentario de UPL Luis Mariano Santos, quienes pidieron la dimisión de Suárez-Quiñones. También, Ciudadanos exigió responsabilidades al consejero por un asunto «ético», no «legal», y lo invitó a meditar sobre su continuidad, mientras para los ‘populares’ no existe «caso» y defendió su iniciativa política.

El consejero recalcó en su primera intervención que los hechos se refieren a una «única» conservación, «corta», «sencilla» y con un contenido «inequívoco» y «claro». Suárez-Quiñones ofreció explicaciones para demostrar su «corrección», tras difundirse una llamada telefónica, en relación a una actuación que consideró legal y ajustada a lo establecido en la normativa de contratación, de acuerdo a la figura de la cesión de contratos.

Suárez-Quiñones destacó que la obra era la primera en ejecutarse del bloque de actuaciones prioritarias, por lo que se adjudicó en julio de 2016, si bien los trabajos se paralizaron. Tras comunicar la empresa la negativa a ceder las obras a otras sociedades, aclaró, contactó con otro empresario para que una empresa de su grupo asumiera el proyecto por razones «objetivas», como son tener actividad en León, «potencial» y «cercanía» a los trabajos.

Aseguró que no podía quedarse de «brazos cruzados» ante el «imperioso» interés público y la «preocupación» existente en la zona del Páramo leonés. «No admitía demoras», dijo. «La resolución de los problemas no admite vacilaciones sino acción. Así se hizo, así lo hice inmediatamente y así seguiré haciendolo», afirmó.

También, sobre la frase «yo soy la administración», apuntó que demuestra que se trata de una llamada «oficial», para que valore la cesión del contrato, algo que reconoció compete a la adjudicataria, y que debe recogerse en escritura pública. Sin embargo, señaló que la intervención no permitió que se retomaran los trabajos, por lo que avanzó que hasta dentro de ocho meses no se volverán a licitar, al tenerse que actualizar el proyecto e iniciar el concurso.

«no hubo favoritismo»

Por otra parte, negó «favoritismo» de la Junta al grupo empresarial del investigado, puesto que —recalcó— no participó en ninguno de los más de 1.000 contratos licitados desde 2015. Tan solo, señaló, sus firmas recibieron dos al participar en una Unión Temporal de Empresas, con un 50 y un 65%. Tampoco fue seleccionada para acometer alguno de los 17 contratos de obras de emergencia encomendadas con un presupuesto de cuatro millones.

Finalmente, el consejero de Fomento concluyó que él había sido una «cabeza de turco» ante la cercanía de las elecciones para hacerse con el gobierno de la Comunidad y aseguró que es una persona «limpia y honesta».