Más de cinco años de tramitación judicial
El caso que cierra ahora el auto de la Audiencia Provincial se inició judicialmente el 20 de mayo de 2013, con la denuncia del Ministerio Fiscal de León que remitía un informe pericial del Banco de España de marzo de ese año que reflejaba 29 operaciones de Caja Esaña y 17 de Caja Duero, formalizadas entre enero de 2007 y comienzos de 2012, sobre préstamos, avales, financiación y refinanciaciones a varias empresa vinculadas a Santos Llamas, que fue presidente de la entidad con sede en León entre julio de 2006 y octubre de 2010. Desde entonces, y hasta octubre de 2012, fue consejero de la entidad fusionada Caja España-Duero.
Se destaca especialmente la reestructuración de la deuda del grupo Llamas aprobada el 8 de enero de 2009, que no se adaptaba a la circular del Banco de España y debía haber sido calificada como dudosa por morosidad. El fiscal consideró entonces que los consejeros de la entidad habrían cometido un delito de administración desleal.
En junio de 2013 se incoaron las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Número 5 de León, por presunto delito societario, aunque entonces no se señaló a ninguna persona como pregunto responsable de los hechos. En septiembre de ese año los peritos del Banco de España enviaron un documento con la información requerida por el juzgado, y el diciembre se traslada el inicio de las diligencias a las partes.
El Ministerio Fiscal solicitó la declaración de los peritos en octubre de 2014, y en marzo de 2015 reclama que declaren como imputados los miembros que eran del consejo de administración de Caja España el 8 de enero de 2009. Se fija su declaración para los días 26 y 29 de mayo, salvo la de García-Prieto, aforado como procurador en las Cortes de Castilla y León. Al final se suspendieron todas las declaraciones.
El 3 de diciembre de 2015 el juzgado rechaza declarar la prescripción del supuesto delito que reclaman las defensas, y la nulidad de la declaración de los peritos del Banco de España por los problemas de audición de la grabación realizada en los juzgados leoneses.
En marzo de 2017 se repite la declaración de los peritos, y el Ministerio Fiscal solicita la prórroga del plazo de instrucción, reclamando de nuevo la declaración de los consejeros de la entidad financiera. En noviembre del año pasado se ratifica el informe pericial del Banco de España; y en enero de 2018 el juzgado declara que no hay lugar al sobreseimiento de la causa y archivo solicitado por la defensa de Martínez Maíllo.
Los consejeros (a excepción del número tres del PP) acudieron a declarar el pasado mes de febrero; y el 6 de marzo el Juzgado declaró extinguida la responsabilidad penal de la causa por prescripción y acordó el sobreseimiento de la misma.
Una decisión recurrida por IU y el Ministerio Fiscal, que ahora ratifica la Audiencia Provincial