Frente político en Europa para que Vestas revierta el cierre de su planta

m. romero / agencias | león

Una representación de los trabajadores de Vestas mantuvo ayer un encuentro de media hora con los grupos políticos que tienen representación en las Cortes de Castilla y León para trasladarles la necesidad de que el conflicto laboral se eleve a Europa y sea un debate al más alto nivel, de manera que la situación «se pueda revertir» y que las autoridades del continente vean en esta lucha local un acontecimiento global que puede afectar a muchas de las factorías que la eólica Vestas Wind Systems tiene en el resto del continente. «Están jugando con dinero público y con la gente», lamentó uno de los representantes sindicales al término de la recepción en los pasillos de las Cortes de Castilla y León.

Para ellos —subrayan— fue reconfortante sentir el apoyo de todo el arco parlamentario: «Da fuerzas. Que todos estén juntos en defensa del empleo y de la reindustrialización de León está muy bien; ya veremos ahora de dónde son capaces de llegar».

Paralelamente, los representantes sindicales confían en que la Fundación Anclaje, que mantiene encuentros paralelos a los que los empleados tienen con la empresa, logren el objetivo mínimo de que Vestas «facilite un inversor» para mantener el sector industrial de la provincia.

El encuentro de ayer en las Cortes fue encabezado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien calificó de «escándalo» el cierre de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo y garantizó que se continuará luchando conjuntamente con el Gobierno de la nación, con los sindicatos y con los propios trabajadores de la factoría. Además, en el primer pleno del curso político, abogó por «europeizar» el conflicto, a la vez que defendió el trabajo que ha desarrollado el Gobierno cuyo comportamiento tiene «pocos precedentes en los 18 años de incidentes de esta naturaleza que conoce este presidente», dijo.

Así lo dijo el presidente de la Junta en respuesta a la pregunta del procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos, que requirió conocer si el Ejecutivo autonómico entiende que la actuación de las administraciones públicas en el conflicto de Vestas ha sido eficiente. Herrera estimó que algo han tenido que ver las administraciones a la hora de crear en el entorno de esta planta un entramado de empresas que llegaban para «fortalecer» la competitividad de la planta, además de que se han dado a Vestas «puntos de relieve» a la hora de que la compañía danesa sea líder en materia de energía.

El «delito industrial» que a juicio de Herrera ha cometido la multinacional danesa supone «un escándalo» porque la compañía no renuncia a seguir trabajando en España y a repotenciar los aerogeneradores porque Vestas «es líder en energía eólica en Castilla y León» además de que es la empresa que mantiene los parques eólicos de alguna gran compañía.

Mensaje de socorro

El procurador leonesista Luis Mariano Santos arremetió contra la actuación «miserable» de la multinacional que ha trabajado durante 12 años en la provincia de León «a coste cero», y trasladó la «sensación» de la calle de que, aunque trabajadores y sindicatos enviaron «un mensaje de socorro», se cree que fue «la plasmación del viejo cuento del lobo».

Ante este nuevo cierre, Santos trasladó algunas conclusiones «evidentes» como que en la provincia de León «da lo mismo quién gobierne en Madrid» porque «no tenemos suerte con los distintos ministros de Energía». Pidió un plan de industrialización de León para «compensar» las políticas energéticas de los últimos años de Partido Popular y PSOE.

En otra de las preguntas orales efectuadas por la oposición al Gobierno autonómico, el procurador del Grupo Ciudadanos Manuel Mitadiel ha compartido las críticas vertidas por el portavoz de la UPL y ha cuestionado a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por qué la Fundación Anclaje no tomó las primeras medidas cuando en febrero Vestas ya anunció la cancelación de cinco de las siete líneas de producción.

Por este motivo, el procurador de Ciudadanos se cuestiona la utilidad de este mecanismo de mediación empresarial que este año recibirá 800.000 euros de fondos públicos y que «parece que solo vale para enterrar empresas o recolocar a trabajadores», lamentó Mitadiel.

La consejera de Economía y Hacienda defendió la labor de la fundación y afirmó que Vestas «no es fiar» y se preguntó por la efectividad del plan de recolocaciones presentado al comité de empresa cuando, al mismo tiempo, anuncia el despido de 400 personas en su fábrica de palas eólicas de Daimiel (Ciudad Real), como adelantó ayer este periódico.

Antes del debate, las Cortes de Castilla y León expresaron su apoyo a los trabajadores de Vestas, respaldaron la acción coordinada de Junta y Gobierno para revertir el cierre anunciado por la multinacional danesa y reclamaron a la Unión Europea «criterios más exigentes» para evitar la deslocalización de empresas. En la declaración, leída por Silvia Clemente, «El cierre de la planta supone un mazazo para la economía y el empleo de Villadangos del Páramo, la provincia de León y la Comunidad de Castilla y León», dijo.