TRIBUNALES
La jueza ve "claros indicios de culpabilidad" en los exjugadores de la Arandina acusados de abusar de una menor
Las defensas de los futbolistas, dos de ellos leoneses, presentarán un recurso en contra del auto de procesamiento y pedirán el archivo de la causa
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero ve "claros indicios de culpabilidad" en los tres ex jugadores de la Arandina Club de Futbol a los que una joven de 15 años denunció por agresión sexual en diciembre de 2017. Así lo refleja en el auto de procesamiento dictado el 20 de septiembre contra Carlos C., Victor R. y Raúl C., por la presunta comisión, cada uno de ellos, de un delito continuado de agresión sexual a una víctima menor de 16 años. La instructora alude como pruebas de cargo a las dos declaraciones en las que víctima "relató pormenorizadamente los hechos, coincidiendo en aspectos esenciales que configuran la figura delictiva", además de a las propias declaraciones de los futbolistas, "que se han limitado a negar los hechos no coincidiendo en algunos aspectos de sus versiones entre sí". La juez destaca también los testimonios de algunos testigos menores de edad "que corroboran periféricamente la versión de la menor" y otras testificales de las personas de su entorno más próximo, "que de forma similar relatan como la propia víctima les contó lo que le había ocurrido". Respecto a las periciales, la magistrada concluye que los informes policiales de la extracción, volcado y análisis del contenido de los teléfonos móviles de los deportistas y la denunciante "infieren tanto el conocimiento por parte de los investigados de la edad de la menor, como sus intenciones sexuales con la misma, valiéndose de su superioridad en madurez y en número". Los informes forenses, psicológicos y biológicos completan, según la instructora, los indicios de culpabilidad de los jóvenes.
El auto judicial supone la imputación formal de los tres deportistas a los que la jueza llama también a una declaración indagatoria el día 15 de octubre en los juzgados de Aranda de Duero, donde podrán volver a dar su versión de los hechos. La resolución también mantiene la situación de libertad provisional de los investigados con las medidas cautelares que les fueron impuestas: la prohibición de acercarse a la menor a menos de mil metros o de comunicarse con ella por cualquier medio, además de comparecer en dependencias judiciales o de las fuerzas de seguridad los días 1 y 15 de cada mes y el requisado del pasaporte. Por otra parte, el juzgado arandino ha decidido formar una pieza separada sobre la responsabilidad pecuniaria de los procesados, requiriéndoles para presenten una fianza solidaria de 52.000 euros. La juez argumenta esta responsabilidad aludiendo a que la menor sufrió un cuadro de trastorno mixto ansioso depresivo que precisó tratamiento farmacológico y seguimiento médico. A partir de ahí, fija la cuantía en 30.000 euros en daños morales y 10.000 el coste, a lo que añade una tercera parte más. En caso de que no se cumplimentara dicho requerimiento, el auto mantiene que se procederá al embargo de los bienes de su propiedad necesarios para atender dicha suma, salvo que acreditaran su insolvencia.
El abogado de dos de los jugadores imputados, Rafael Uriarte, anunció que presentarán recursos de reforma en el juzgado de Aranda de Duero y de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. El letrado consideró que no hay "pruebas objetivas" para procesar a los futbolistas y que "todo se basa en el testimonio de la menor y lo que han aportado testigos a los que la denunciante ha contado su versión". En este sentido, confirmó que en el recurso pedirán el archivo de la causa, "porque el único testigo real de los hechos, el cuarto futbolista, declaró que allí no pasó nada".
De momento, los tres investigados tendrán que acudir el 15 de octubre al juzgado arandino para prestar declaración indagatoria, comparecencia que pondrá fin al periodo de instrucción. A partir de ahí, el juzgado pedirá a las partes que presenten sus escritos que, más tarde, se remitirán a la Audiencia Provincial de Burgos para fijar la apertura de juicio oral.