Los empresarios exigen control de las ayudas para evitar casos como Vestas
El vicepresidente de Cecale pide a la Junta más plazo de vigilancia sobre las subvenciones .
dl | león
El vicepresidente de la asociación patronal Cecale, José Ignacio Carrasco, pidió a la Junta que «vigile» a las empresas «cuando dé subvenciones» como las concedidas a Vestas, que tras recibir más de 13 millones de euros ha anunciado el cierre de su planta en León. Carrasco ha admitido que entiende que los trabajadores queden «desamparados», pero ha defendido que «mientras la empresa argumente su decisión, es libre de moverse del territorio» y «es obligación de la administración, velar por que continúe el empleo».
De este modo, el vicepresidente de Cecale exigió a la administración autonómica que «cuando dé este tipo de subvenciones vigile más los tiempos» y a las empresas, de forma «más duradera». «Habría que vigilar un poco más los tiempos de la duración de esas ayudas», aseguró. Lamentó estas declaraciones el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, al reprochar a la organización de empresarios su desconocimiento sobre las ayudas de la UE a la producción y al empleo de las empresas. «Es un error lamentable pero subsanable», precisó Martín Tobalina. Las ayudas a la inversión, ha recordado el viceconsejero, «se hace con fondos de la UE, los estados miembros las cofinanciamos y llevan aparejadas unas condiciones que impone la UE» centradas en el mantenimiento de los activos y del empleo generado para desarrollar esa actividad industrial. Ese tipo de ayudas cuentan con un plazo de cinco años «que se tiene que revisar y es ampliable, pero es la UE la que fija las condiciones, mientras que la Junta desarrolla una labor vigilante», ha añadido antes de explicar que en este caso Vestas «ha engañado» a la administración autonómica.
Dos meses antes del anuncio del cierre de su planta en Villadangos del Páramo, dedicada a la fabricación de aerogeneradores destinados a la producción de energía eólica, «Vestas nos dijo que no cerraba», razón por la cual señala a la administración autonómica como víctima «de la mala fe, del engaño de una multinacional», ha subrayado.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, indicó que «no es lógico que subvenciones con fondos europeos sirvan para que esas empresas se vayan para producir más barato».