Majo: «En la Escuela Taller hay un pupurrí legal que solucionaremos»

La renuncia al programa con el que debía empezar el 1 de noviembre un nuevo curso de formación en la Escuela Taller de Medio Ambiente de la Diputación, con la desaparición de los talleres que llevan abiertos de forma ininterrumpida desde 1988, ha propagado la alarma entre la oposición. En el Pleno de ayer, el PSOE y la UPL reclamaron al equipo de gobierno el mantenimiento de este centro, ubicado en San Cayetano. A pesar de contar con la subvención para poner en marcha el nuevo programa, cerca de 280.000 euros confirmados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, problemas legales relacionados con los monitores hacen imposible que el curso pueda organizarse. La renuncia no sólo deja en la calle a cuatro profesores, sino también a los 16 parados de larga duración que iban a formarse en las dos áreas preparadas y que también percibirían una remuneración.

Ante las exigencias de los socialistas y la UPL, el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, reconoció el embrollo legal que envuelve las contrataciones para disponer de los profesores. «En la Escuela Taller hay un pupurrí legal, una maraña que se solucionará de una u otra manera». Aseguró que negociarán una prórroga con la Junta para que el curso pueda comenzar el 1 de diciembre y no perder la subvención.

Minutos antes, el portavoz del PSOE, José Pellitero, recordó el alto grado de inserción en el mercado laboral de estos alumnos una vez finalizada su formación. «Este centro cumple sus objetivos y no podemos despreciar un dinero; no deberíamos de perder el programa, una de las cosas buenas que salen de la Diputación». Desde la UPL, su diputado Matías Llorente, apeló a una solución urgente. «Debe arreglarse de alguna forma y mientras tanto alguien tiene que encargarse allí del vivero y las abejas para que las cuiden».

En el inicio del nuevo curso político en la Diputación, otro diputado perdió ya oficialmente su condición de integrante del grupo de Ciudadanos tras la expulsión de su partido. Juan Carlos Fernández pasa a ser miembro no adscrito de la corporación provincial y su grupo desaparece. De este modo, la institución ya cuenta con dos diputados con esta condición, después de que en el Pleno de julio Joaquín Llamas abandonara el grupo socialista arrastrado, al igual que Fernández, por la operación Enredadera.

Como propósito del nuevo curso, además, el presidente se comprometió a explicar a todos los grupos, tras la petición de Llorente, en una Junta de Portavoces, asuntos pendientes del mandato como el plan de bomberos, el pleito con Sierra Pampley por el Monte San Isidro, el párking de Santa Nonia, el déficit de las estaciones de esquí o el problema de la sanidad rural.