EDUCACIÓN
Educación incorporará en Eso y Bachiller la enseñanza de Memoria Histórica
El material escolar, para el próximo curso, se elaborará junto con el consejo asesor
La Consejería de Educación de la Junta incorporará unidades didácticas sobre la Memoria Histórica que, de forma provisional, formarán parte de los planes de estudio de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. El material escolar será elaborado por los técnicos de Educación en colaboración con el Consejo Asesor de la Memoria Histórica, según confirmó ayer su presidente, Ángel Hernández.
Tras la reunión mantenida ayer por el consejo, la primera desde su creación, Hernández confirmó que se presentó el borrador de las unidades didácticas que ha elaborado la Consejería de Educación, documento que servirá de punto de arranque para un grupo de trabajo que se creará con miembros del consejo asesor y de la propia consejería.
En la reunión se dio el visto bueno al acuerdo de colaboración entre el Gobierno de España y la Junta para facilitar el acceso a los archivos del Ministerio de Cultura en la Comunidad, en especial con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Hernández también apuntó que se estudió la posibilidad de llegar a acuerdos similares con otros organismos, como ser el Ministerio del Interior o el de Defensa, decisión que se tomará en función de las opiniones de los expertos y de los representantes de las asociaciones de las Memoria Histórica.
También se analizó el reparto de las subvenciones de la Consejería de la Presidencia a estas asociaciones, ayudas que se harán oficiales en los próximos días, y se debatió que, para próximas convocatorias de ayudas, se tenga en cuenta su opinión para establecer los criterios de reparto. Además, Hernández destacó que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, a propuesta del propio Consejo Asesor de la Memoria Histórica, aceptó remitir una circular a todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales para recordarles que tanto la ley estatal como la autonómica establecen que las entidades locales deben colaborar con las asociaciones a la hora de permitir la exhumación de restos y que, además, están obligadas a «fomentar y promover» actos de homenaje a los represaliados.