Los últimos cinco agresores sexuales de menores no serán impunes en 50 años
Las personas que denuncien episodios de estas características declararán bajo anonimato.
Vista del interior del Centro Penitenciario de Villahierro. MARCIANO PÉREZ
miguel ángel zamora | león
Cinco varones acusados en León de delitos contra la integridad sexuales de los menores, tres por agresiones y dos por abusos, no podrán acogerse a la prescripción de sus imputaciones (ahora denominadas investigaciones) en un periodo de 50 años, de acuerdo a la nueva normativa que se prepara para el estado español y que supondrá una revolución en este campo, donde ha sido habitual en los últimos años que algunos asuntos quedaran impunes por haber sido denunciados muchos años más tarde de que ocurrieran los hechos, circunstancia que anula la vigencia de las acusaciones.
En el borrador de la Ley de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia se establece el deber de denunciar tanto para servicios públicos y personas físicas que detecten indicios de violencia contra un menor. Se habla de la obligación de atenderle de inmediato o comunicarlo a las autoridades o sus agentes.
Salvo que los padres o tutores sean los culpables, deben informarles de los hechos a ellos o a la Fiscalía de Menores, de acuerdo al borrador de la nueva legislación que se anuncia.
Además, los denunciantes podrán declarar manteniendo el anonimato, con las garantías de los testigos protegidos. Y el Estado garantizará que todos los niños y adolescentes dispongan de mecanismos claros y confidenciales de denuncia a los que puedan acceder de forma anónima. En España se registraron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad en 2016. De ellas, 4.061 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por abusos sexuales.
Son datos de la ONG Save the Children que con su campaña ‘Rompo el silencio’, piden al Gobierno un impulso de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Según la organización, una de cada dos denuncias por abusos sexuales tiene como víctima a menores de edad pese a que se estima que sólo se denuncian el 15% de los casos reales. El 70% de las denuncias no llegan a juicio oral. En la mitad de los casos el agresor es un familiar y en un 30%, alguien del entorno.
PATRIA POTESTAD
La futura norma contra la violencia integral de los menores estable a nivel sancionador que los padres que secuestren a sus hijos irán a la cárcel hasta cuatro años y podrán perder la patria potestad durante diez.
Otra de las medidas que se plantea es que el juez podrá sacar de casa a un imputado por violencia, imponerle un alejamiento, colocarle una pulsera de control, prohibirle actividades de contacto con menores y retirarle temporalmente la patria potestad, guarda, custodia, acogimiento, tutela, curatela y visitas.
El padre condenado por violencia de género perderá la guarda y custodia y no podrá tener contacto con los menores hasta que quede extinguida la responsabilidad penal. No son las únicas medidas que se contemplan, aunque de momento sí son las más importantes de las que han trascendido.