HUELGA EN LA JUSTICIA
Magistrados y fiscales se suman en las protestas a los funcionarios y abogados
Los problemas de la justicia enervan a los principales agentes, que siguen en la lucha
Magistrados y fiscales, letrados y funcionarios, de protesta. RAMIRO
Casi mitad de la plantilla de jueces de la provincia (21 de los 54 que la componen) y todos los miembros del ministerio fiscal excepto uno secundó ayer la huelga de magistrados, jueces y fiscales convocados por el colectivo en defensa de sus intereses para protestar por el trato que reciben salario con el trabajo y protección de su independencia por parte del ministerio de justicia. Las movilizaciones se suman a las que protagonizaron la semana pasada los funcionarios y los letrados del turno de oficio.
Alrededor de una veintena de representantes de los dos colectivos protagonizaron una tímida protesta a la puerta de los jugados antes de la lectura del manifiesto de los dos colectivos.
Fernando Javier Muñoz Tejerina, magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de los de León y Mónica Alonso Lumbreras, integrante del Consejo Fiscal, dieron lectura a los textos en los que subrayaron las principales reivindicaciones de los dos grupos.
«En estos días asistimos a un nuevo episodio del permanente cuestionamiento de los fundamentos del estado de derecho. Una vez más y en virtud de un acuerdo del partidos políticos, se ha vuelto a anunciar el nombre del próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (Manuel Marchena). Recobra en especial interés nuestras reivindicaciones sobre la independencia del poder judicial, sobre los medios materiales, Y sobre la necesidad de establecer unos plazos de instrucción breves para las causas criminales. Queremos cargas de trabajo saludables y retribuciones dignas. Desde el año 2012 que se redujeron, no se han vuelto a restituir nuestros derechos laborales. Son algunos de los argumentos que no se van a mantener nuestras movilizaciones», manifestó Muñiz Tejerina.
«Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el estado de derecho y la separación de poderes», afirmó Mónica Alonso. «Un Consejo General del Poder Judicial nombrado por las fuerzas políticas va a sembrar dudas siempre sobre la independencia de los jueces. Queremos una carrera judicial y fiscal con unas condiciones dignas».
«Tenemos unas cargas de trabajo que son brutales. El expediente digital nos ralentiza el trabajo de tal forma que lo que antes no lo ocupaba un minuto ahora nos lleva el triple. Las cargas de trabajo que se están apunto de aprobar, y que sean extrapolables a todo el territorio. Son demasiado generalistas y no hacen discriminación. Ahora mismo sería necesario un juzgado más para las cláusulas suelo, una nueva sección de lo penal para la Audiencia Provincial». En el caso de los fiscales, según aseguro Alonso, no hay cargas de trabajo y nadie se ha preocupado, porque «llegamos a hacer diez horas diarias incluso sábados y domingos».