«El acceso a internet ha de ser un derecho fundamental»

A. Calvo | León

La segunda participante del ciclo de Conversaciones en torno a la Constitución en sus 40 años, Esther Seijas Villadangos, abordó ayer junto con el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, la actualidad más «teórica» de la Carta Magna dando también contrapunto de las demandas sociales en las que está inmersa en la actualidad la norma, a punto de cumplir sus cuatro décadas de historia.

—Tenemos una Constitución que se aprobó en referéndum y que ahora cumple una edad suficientemente importante para plantearnos qué hacer con ella. Querría iniciar esta conversación preguntándole por tu participación en uno de los libros que se ha publicado con motivo de estos 40 años.

—Lo primero que quiero es agradecer esta iniciativa porque entronca con uno de los retos que debemos de tener en estos 40 años: la potenciación de la cultura constitucional. Esa vinculación de los poderes públicos y los ciudadanos con la constitución a partir de potenciar el conocimiento de la misma. La publicación de España constitucional se une a la vorágine de publicaciones por el 40 aniversario, pero es probablemente la más ambiciosa porque son cinco tomos en los que participamos prácticamente todos los juristas, no sólo de Derecho Constitucional. Mi pequeña aportación ha sido Modernas tendencias del derecho constitucional. Hacia unos nuevos principios. Para esos nuevos principios he tomado como referente las nuevas constituciones, todas ellas aprobadas en el siglo XXI, que tienen esa sincronía de los ciudadanos y los nuevos pulsos y que llegan de países exóticos. Pero es bueno saber cuáles son los nuevos principios. Actualmente existen dos principios clave ante cualquier reforma de la Constitución, que nunca puede llevarnos a una situación involutiva. Si reformamos es para ir a delante y, en segundo lugar, está la responsabilidad de los que nos representan y de los que estamos representados. No podemos exigir a nuestros representantes lo que no estamos dispuestos a dar.

—Ha hablado de unos principios, ¿esos principios que definieron el régimen constitucional siguen vigentes hoy?, ¿son actuales?

—La fórmula política de la Constitución está sintetizada en el título preliminar, donde figuran los tres principios y los pilares de nuestro diseño constitucional: el estado constitucional, el imperio de la ley; la dimensión democrática con la traslación de la voluntad de los ciudadanos a los poderes y para ello nuestros representantes son necesarios e irrenunciables y, finalmente, la dimensión social, la calidad de vida de los ciudadanos. Todos ellos siguen siendo un reto y la calidad de vida de los españoles de 1978 a los de 2018 es objetivamente mejor. Cualquier reforma constitucional no puede renunciar a ellos, se trata de actualizarlos a las nuevas necesidades, a la representación fragmentada, que no es algo exclusivo de España. Se trata de una adaptación de un texto a un cambio social, pero manteniendo su esencia.

—¿Esos principios son de plena actualidad y la conexión con la sociedad que hubo en 1978 se ha mantenido? Hemos cambiado mucho en 40 años.

—Afortunadamente hemos cambiado mucho. Yo soy una teórica del Derecho Constitucional, soy científica de la política, politóloga, y por eso no soy muy ortodoxa. Las constituciones se pueden clasificar en normativas, nominales y semánticas. La primeras son las ideales, lo que dice es lo que acaece; las nominales son ideales, pero aún no han alcanzado el correlato con la sociedad, son pedagógicas, marcan esos principios. Así fue en 1978, veníamos de una dictadura y la sociedad tenía que adaptarse a unos valores democráticos. Y los aprendió muy bien, aunque le costó al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, porque hasta 1981 no encontramos una sentencia del Tribunal Constitucional que diga que la Constitución no es un mero programa, que es una norma que hay que cumplir. Luego están las semánticas, muy alejadas de la realidad. En España hemos ido a una constitución normativa, pero en esa carrera la sociedad ha cambiado más. La constitución debe aproximarse más a la sociedad, para ello tenemos dos eslabones la modificación o la reforma de la Constitución.

—En el momento de su nacimiento, aunque nació como progresista, tanto progresistas como conservadores la defendieron. ¿Se sigue defendiendo igual o se ve de una forma distinta desde un color o desde otro a la hora de abordar las reformas que necesitamos?

—La grandeza de la Carta Magna es que permite esa posibilidad, que representantes de diferentes fuerzas políticas puedan implementar sus propios programas o mayorías desde la norma, por eso es abierta y generalista y por eso es de todos. El riesgo es la patrimonialización de la Constitución, que se presente a los ciudadanos como una norma hecha y de una percepción exclusiva. En la Constitución cabemos todos y los ciudadanos tenemos el derecho fundamental a participar en los órganos públicos. Son momentos en los que todos tenemos el deber y la necesidad de implicarnos.

—En relación a esos derechos fundamentales, ¿cómo ha evolucionado el sistema de garantías?

—La presentación de los derechos están en el título primero, y ya nos hace ver que son los más importante. La garantía se vincula al artículo 53 que estructura y prioriza los derechos. Los prioritarios son la vida, la libertad, la educación, la libertad de expresión..., todos ellos son irrenunciables. Ahí se han unido unos derechos y deberes y unos principios rectores de las políticas sociales y económicas. El reto es ir elevando esos derechos, como ya se ha hecho en España a través de los estatutos de autonomía. Los diferentes gobiernos han avanzado. Se ha reconocido la dignidad de las personas, se ha avanzado en la potenciación de las posibilidades de los ciudadanos. Hay algunos elementos que fallan, como el derecho a la Educación. La patrimonialización de los diferentes representantes de los modelos educativos es un desconcierto para los ciudadanos, porque la inercia nos lleva a seguir avanzando, pero los que vivimos en el mundo educativo, cuando cambian los representantes y llega una nueva ley de Educación nos desconcertamos y nos desalentamos. Hay que escuchar a los ciudadanos y en esa materia son muy sensibles porque estamos todos implicados. En los cambios de ley los matices no son tan radicales, el desconcierto sí, pero los matices no porque el sistema educativo ha seguido funcionando. Soy un poco utópica, pero hay que hacer políticas atemporales, con una visión más larga, en los que cada uno marque su impronta, pero con unos contenidos esenciales que se respeten.

—Usted habla de diálogo y pone sobre la mesa el estatuto de Castilla y León, que se reformó en 2007, pero el año pasado se intentó también reformar y no hubo posibilidad por falta de acuerdo. Hace 40 años había diálogo. ¿Los políticos actuales tienen esa capacidad?, ¿hay posibilidades para ese diálogo?

—Hay una necesidad muy grande de diálogo y de consenso. En 1978 las fuerzas políticas eran más dispares y estaban más enfrentadas. Ahora mismo los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esas políticas altisonantes y en esos desplantes a otros representantes hay una noticia que vende titulares y capta adeptos. Pero la responsabilidad ineludible es de los representantes. Debatir o deliberar, que es exponer esas ideas y tratar de buscar nexos. ¿Es deliberar políticamente rentable?, no lo sé, quizá ahora es más rentable el debate. Hay que buscar que se delibere, que el Congreso, y el Senado también, se evidencie esa voluntad de deliberar. La responsabilidad es la fórmula mágica y está en el título tercero de la Constitución con la interdicción del mandato imperativo, porque cada uno de los representantes representa a todos, no solo a los que le han votado. Y eso los políticos lo olvidan y sólo piensan que representan a sus votantes, cuando representan a todos. La lógica de los ciudadanos es que queremos vivir en una ciudadanía serena, seguridad jurídica, tranquilidad y tener una percepción de que nuestro porvenir va a ser, al menos, el que hemos tenido y aún mejor para nuestros hijos.

—Escuchándola parece que esa sensatez fue hace 40 años, cuando la intelectualidad política se olvidó de la rentabilidad y ahora parece que la rentabilidad política ha hecho olvidar esa intelectualidad política.

—Esta ecuación es válida. ¿Es ese un problema de España?, lamentablemente no. Miren cómo están los otros escenarios parlamentarios, a lo mejor son las coordenadas del siglo XXI. Ahí están los resultados de las elecciones en Brasil, pongan un Trump en su vida, o Matteo Renzi. ¿Cuál es la sensatez?

—Qué cuestiones hay que reformar de la Constitución para mejorarla y para adaptarla a 2018

—La primera condición, sine qua non, es el consenso. Si no tenemos el consenso que sustentó su gestación la reforma de la constitución estará lastrada por su falta de apoyo. También hay que desterrar la idea de que es irreformable. Ha habido dos reformas y, por tanto, hay mecanismos, son muy complejos, pero tiene que ser así. No podemos acostarnos con una constitución y levantarnos con otra.

—Sí, pero las dos reformas que hubo fueron mínimas. En 1992 por el tratado de Maastricht y en 2011 para la estabilidad presupuestaria que se acordó en 10 minutos entre Zapatero y Rajoy.

—El carácter mínimo de la reforma de 2011 es muy cuestionable. Esa reforma no está en los ámbitos de control de nuestros representantes. Mínimas en la literalidad, sí. Pero en cuanto a trascendencia y al calado, que se priorice una estabilidad presupuestaria frente a políticas sociales, depende, ahí el mínimo y el máximo son muy relativos. Tenemos que poner dos balanzas, problemas que consideramos fundamentales, reformas constitucionales, y estructura de la constitución. En los derechos fundamentales los que necesitamos, la esencia pide adaptaciones, pero a través de leyes orgánicas. Ya dentro de las modernidades del derecho está el derecho al acceso a internet, que sería un derecho de nueva generación. Además de una infraestructura también es una habilidad que requiere formación, porque si no podemos acceder a las nuevas tecnologías tendremos problemas para acceder a determinados servicios o preservar nuestra identidad. Eso tiene que ser un derecho fundamental. También cuestiones de género, tenemos la fractura de violencia de género y la constitución tiene que responder a este problema social. El segundo reto de una reforma, son los poderes. La monarquía, para mí no es un problema constitucional. Hay teorías que abordan que las constituciones tienen que tener dos grandes componentes, una parte pragmática y otra simbólica. En 1978 y ahora yo lo veo en la monarquía, hay que reforma algunas cosas, porque aunque el artículo 57 no es anticonstitucional sí es incoherente con el 14. Es decir, el proceso sucesorio establece unos mecanismos, que usan una cadencia de argumentos. Las líneas anteriores, la más próxima, dentro del mismo grado el varón frente a la mujer y el de mayor edad al de menos. Mientras, el 14 habla de la igualdad entre los todos los españoles sin discriminación alguna. La constitución no es inconstitucional, pero hay aspectos en los que potenciar la coherencia por la demanda social. Otra objeción es que no hemos votado esa parte. Sí, se votó en 1978 porque no se hizo una votación fragmentada. La de Estados Unidos se votó en 1787 y a día de hoy no se cuestiona, tiene continuidad porque se la dan sus representantes.

—Una de las reformas que añade es la de la igualdad de género. Hay una corriente de opinión que pretende recoger la diferencia lingüística entre nosotros y nosotras, ellas o ellos. Es necesario recoger en la constitución esa diferencia, porque lo que sí es evidente es que hay que recoger la igualdad.

—Busquemos una educación inclusiva, que cuando se diga a todos o todas, nos incluya a todos. Que aparezca el género y la igualdad de género es irrenunciable. Que dé primero el paso la RAE y diga cuál es el castellano correcto. El punto medio, el arroba, no está protocolizado, hay que hacer una Constitución con un lenguaje correcto. Si los ciudadanos demandan todos y todas, así será, pero creo que es más importante educar en la igualdad. Hay que utilizar términos inclusivos, alumnado, ciudadanía, responsabilidad de los responsables. Es un reto.

—Hemos hablado de la educación. ¿La Constitución debería introducir algún elemento para que la educación sea similar independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida?

—Además de ser profesora de Derecho Constitucional soy coordinadora de la Ebau, el acceso a la Universidad, y estoy especialmente sensibilizada con esa discrepancia. Como jurista, diré que es el Tribunal Constitucional el que tiene que hacer compatible ese derecho con el principio de descentralización y garantizar el derecho a la educación de todos. A partir de la transferencia se implementa con el desarrollo de una ley básica. En ese traslación entran temas de lenguas, cooficialidad y el acceso a las universidades. Pero una respuesta ciudadana y yo, como leonesa, que brego diariamente con las reclamaciones de los ciudadanos y familias, creo que lo ideal, igual que un distrito único de admisión, es un proceso único. Lo pide el sentido común y la demanda social. En reuniones de la CRUE incluso escuché a rectores de universidades catalanas pedir un proceso único de acceso a la universidad.

—Abordemos el problema catalán ligado a la educación y a la indivisibilidad del Estado.

—La percepción del proces y el reto soberanista está en el artículo 2 y es uno de nuestros mayores problemas. Han coincidido muchos factores, llevo 25 años de carrera académica dedicados al estudio de las asimetrías y venga a escribir libros y libros y el problema continúa y va a más. Tenemos un problema grave y tenemos que buscar soluciones jurídicas, como el artículo 155 que se aplicó correctamente, tenemos el Tribunal Constitucional y hay que buscar soluciones políticas. Política y derecho deben ir de la mano. La inacción no, hay que buscar estrategias que logren una solución. Una convención de ciudadanos es una idea, que identifiquen los problemas para plantearlos a los órganos de representación y luego, por qué no, un referéndum. Pero legalmente, conforme a lo que pauta la constitución, todos tendríamos que opinar. Yo no puedo negociar con los que dicen un día una cosa y otro día otra, ni tampoco con los troyanos, los que utilizan los mecanismos del sistema y lo único que quieren es dinamitarlo. Es difícil negociar. Como jurista, soy una convencida del modelo federal, una cultura federal en la que apoyemos la unidad del estado y, a la par, con la misma intensidad, las singularidades de cada estado federado. Quienes han trabajado para divulgar el nacionalismo lo han hecho mejor que los que lo hemos hecho por la cultura federalista.