La violencia machista apartó del trabajo a una treintena de mujeres desde 2005

p. infiesta | león

En momentos de desesperanza, baja autoestima, depresión profunda, miedo, ansiedad y bloqueo emocional, parte de las mujeres maltratadas abandonan sus trabajos. Es otra de las consecuencias de la violencia machista, una lacra que ha generado este año 495 denuncias en la provincia y que alimenta la estadística más negra con la muerte de una mujer de 62 años en Astorga, asesinada de dos disparos por su marido, del que se estaba separando.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), antiguo Inem, contabilizaba el pasado septiembre, 2.723 contratos de interinidad en España para sustituir a trabajadoras que se apartan de su empleo por culpa de la violencia de género. En León, se han registrado 27 de esos contratos desde 2005, que representan el 26,7% de los efectuados en la comunidad y el 1% de los nacionales.

Para intentar evitar esos abandonos, la Ley de Violencia de Género reconoce en su artículo 21 derechos laborales específicos para las mujeres. Les concede el derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y a la extinción del contrato.

Las empresas que formalizan los contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género también obtienen beneficios, al bonificárseles el 100% de las cuotas a la Seguridad Social. Esa ayuda es por contingencias comunes y se prolonga durante todo el período de suspensión de la trabajadora que se sustituye o durante seis meses si decidió poner tierra de por medio o cambiar de sede de trabajo.

Además, y dado que el 65% de estas víctimas carece de un trabajo, en los últimos quince años se ha propiciado su inserción laboral con 152 contratos bonificados. Unas medidas que se completaron con un desembolso de 1,1 millones de euros para adjudicar 2.590 percepciones de Renta Activa de Inserción en la última década, más 350 ayudas para el cambio de residencia.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en León, este año no se han concedido autorizaciones de trabajo o residencia temporal por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia machista y de sus hijos menores o con alguna discapacidad. Unos permisos que desde que empezaron a contabilizarse en 2005 han alcanzado los 16, el 6,8% de los autonómicos.

Los expertos consideran que el empleo es el único elemento capaz de empoderar transversalmente a las víctimas de la violencia de género. Por un lado, impacta en la parte personal, al incrementar la autoestima, pero también en el aspecto económico, al reforzar la autonomía e independencia. Además, posee una repercusión directa en el ámbito social, porque las mujeres pueden incrementar sus contactos y su red de apoyos.

Precisamente, la Fundación Adecco acaba de lanzar la Guía Un Empleo Contra la Violencia, un documento con el propósito de acompañar a las mujeres víctimas en su camino hacia el empleo, que empieza con un plan de recuperación personal.