«La Constitución no ordena elegir así el mando de los jueces»

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayer que el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se realiza siguiendo las disposiciones de la Constitución, y lo achacó al beneplácito del Tribunal Constitucional «que ha hecho una suerte de Don Tancredo». Fue entrevistado por Joaquín S. Torné, director de Diario de León en el transcurso de ‘Conversaciones en torno a la Constitución’, organizadas por el decano de la prensa leonesa.

—Han transcurrido ya 40 años y parece que sobre nuestra Constitución hay luces pero también sombras...

—Agradezco al público que haya venido, no sé si a perder o a ganar la mañana. En la Constitución casi todo son luces, las sombras son las de la incapacidad de haber hecho uso adecuado de ella. Hay derechos y hay deberes. Y también hay estructuras que 40 años después mantienen un texto fresco. Lo que hace falta es que jueces y políticos hagamos una interpretación adecuada. Si hay sombras serán por la incapacidad de los responsables públicos.

—Existe la separación de poderes pero la sociedad piensa que no, que está en manos de un grupo. ¿Cómo se puede hacer que comprendan que hay separación de poderes?

—Con hechos. La más clara constatación está los últimos años con el poder judicial. No se valora la relación entre el poder ejecutivo y legislativo, sino en términos de si los dos respetan la independencia del poder judicial. Es difícil llevar conceptos a la calle. Hay una confusión de base. El poder judicial, a diferencia del legislativo y el ejecutivo, está delimitado y no es difuso. El poder judicial no es el Consejo General del Poder Judicial. Es el que ejercita cada juez al juzgar un caso concreto y no está en manos de personas determinadas. Se difumina en miles de sentencias diarias y ahí hay un absoluto respeto a los poderes y a la separación judicial. Lo demás forma parte de la farándula que mezcla o interfiere en la política. En León hay 27 órganos judiciales que dictan sentencias dada día y ese es el verdadero poder judicial.

—Si políticos y medios de comunicación no distinguimos los poderes ¿cómo lo hace el ciudadano?

—Esa es labor vuestra y nuestra, educativa, informativa y formativa para que nuestros comportamientos den imagen de la realidad. A la política le gusta ver que tiene influencia sobre el poder judicial pero no sobre los jueces. Todo lo que favorezca que el ciudadano confíe será bueno, aunque todas las encuestas de justicia tienen una valoración de entre regular y bien en el funcionamiento, pero hay confianza casi unánime en los jueces.

—Entre las tres profesiones menos creíbles, están los jueces, los políticos y los periodistas. ¿Esto a usted le dice algo en especial?

—Nunca han dicho eso las encuestas. Pueden valorar los retrasos, pero los jueces y magistrados tienen una imagen fabulosa. La ciudadanía confía en ellos. El empobrecimiento por elementos no adecuados es otra cosa. Los jueces y los magistrados tienen una alta valoración.

—La Constitución de 1812 es progresista, la de 1831 conservadora, la de 1837 era progresista, la de 1845 conservadora, la de 1869 conservadora, la 1938 conservadora y la que tenemos desde 1978 es progresista. ¿Cuando habrá una que no tenga ideología?

—No sé lo que es progresismo. Nadie quiere volver atrás. Todas las ideologías caminan hacia un progreso. La del 1978 es social y se basa en un magnífico trabajo de los poderes constituyentes con un gran juego de renuncias. Todas las constituciones quieren progresar en favor de un estado en favor de la ley y de protección de los más débiles.

—Digo progresista cuando me refiero a una Constitución de izquierdas y conservadora para referirme a una de derechas. ¿Para cuándo una de centro? Aunque creo que la Constitución para el 99% de ciudadanos tiene más virtudes que defectos...

—La Constitución se adapta a lo que la sociedad quiera en cada momento. Tiene mínimos y máximos y en medio está la voluntad popular. Cumpliendo sus límites caben todas las ideologías, si respetan su contenido. El problema es que hay quien quiere irse. La nación española quiere darse normas que son para el pueblo español y que de él emanen todos los poderes.

—Pero quien tiene que dar el primer paso es la clase política y si es una paso en falso la ciudadanía no podría seguir.

—Yo creo que el primer paso lo da la nación española. Las bases de la reforma están legisladas. Está la reforma de la Corona, los derechos fundamentales y que dos parlamentos ratifiquen la reforma con una mayoría de 2/3 y en el caso de una reforma menor y de mayoría absoluta y 3/5 para la más importante. Los representantes del pueblo siempre tendrán que dar cuenta al pueblo.

—¿Cree que la Constitución garantiza la correcta separación de poderes para situarse en posición de estar en frente del poder cuando es necesario y llega el caso?

—Y frente a otros poderes también. ¿Algún juez ha tenido que dictar una sentencia escribiendo al dictado en algún asunto? Nunca. No pueden influir ni los Tribunales Superiores. Se puede recurrir después, eso sí, pero con la Constitución en la mano. Hay muchos de casos incómodos para el poder político con intentos de presión, pero siempre se ha respetado la separación de poderes.

—Eliminar los aforamientos no lo recoge la Constitución pero ¿bastaría con modificar leyes de las cámaras?

—Hay aforamientos con base constitucional. La política lo pervierte casi todo. El aforamiento es a favor del pueblo, para que un juez no se enfrente a determinados ataques y se aleje del lugar donde se produce una decisión. No es un privilegio para el cargo público, sino una protección contra lo que dicta la norma. La política lo ha convertido en un privilegio, pero es difícil trasladar algo que pervierte la imagen en la sociedad. Habría que modificar las normas y la visión del aforamiento, que se hace en favor del ciudadano.

—La Constitución habla de personas y derechos. Jueces y magistrados son personas. ¿El aforamiento permite la contaminación ideológica?

—Cuando se ponen la toga, ellos no son personas, son jueces. En su función profesional aplican leyes y tienen una misión de legitimación del poder judicial. Hay márgenes de interpretación pero hay instancias superiores con tres magistrados en el primer caso y con siete en la segunda. Las cosas nunca dependen de un juez y de una ideología en los márgenes estrechos de la ideología en sí. La jurisprudencia vincula al juez y deja márgenes limitados. El aforamiento es para una causa penal contra el cargo público y a veces es contrario. Además, la opinión del Supremo es única y no hay derecho a recurso. Hay que separar ideología y aforamiento.

—Está el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, el del Fiscal General del Estado y el reto catalán. ¿Cómo afrontamos ese objetivo como nación?

—El reto secesionista es inconstitucional y no cabe en ningún sitio. No pueden crear instituciones sin los demás. Con la Constitución actual no cabe. Puede haber mejores transferencias, financiación y demás, pero el secesionismo pide soberanía nacional catalana y eso no cabe. La nación española somos todos y eso no cabe. No se va a producir nunca aunque lo han intentado todo. El poder del Estado ha tenido que ser salvaguardado por Guardia Civil y Policía Nacional. Podrán llenar las calles de lazos amarillos pero la Constitución se va a imponer y volverá la normalidad que no tienen ellos, que deberían concentrarse en cosas como la sanidad

—Pero se contempla el referéndum en la Constitución para estos casos y eso quiere decir que hay un marco legal que lo permitiría ¿no?

—La Constitución refleja que el ciudadano no legisla, pero se permite hacer una consulta directa en el marco, no para dejarla sin efecto. Cabe referéndum para una reforma de la Constitución, no para eliminarla. Elecciones y referéndum. Ese referéndum es para todos los españoles porque afecta a toda España. Hay que estar de acuerdo dos veces y someterlo a votación. Lo contrario sería un proceso constituyente totalmente nuevo.

—¿Las comunidades autónomas han ganado con el sistema de configuración de las 17 autonomías?

—Creo que la configuración es buena. Es imprescindible y los ejemplos de Francia o Portugal están ahí. Han sido modelos distintos. La autonomía acerca la administración al ciudadano, pero hay que dotarlas de medios y los procuradores viven más cerca de León que un diputado de Cádiz. Si no tiene mejor reflejo es por falta de financiación adecuada porque no se ha financiado. Empezamos cada ejercicio con 500 millones menos para los servicios básicos. Ha sido positivo y acercarlo está bien, pero hay que dotarlo de un marco adecuado que no tienen.

—Pregunté por lo mismo a Martín Villa y a Seijas y los dos dicen que la Educación tiene que estar fuera del reparto autonómico. ¿Usted qué opina?

—Hay que fijar unos mínimos básicos por principio de igualdad y solidaridad. Si eso significa reformar la Constitución, pues habrá que hacerlo, pero lo que no se puede permitir es que no se reconozca a España en el estado español.

—No me contestó a lo de la elección de Consejo General del Poder Judicial...

—No se está haciendo caso a la Constitución, que dice que doce miembros los eligen los jueces, otros cuatro el Congreso de los Diputados y cuatro más el Senado. Es una interpretación y el Tribunal Constitucional dijo que es más conforme lo que había antes, pero que si el sistema de elección lo marca la soberanía popular, es válido. Eso no es malo, lo malo son los espectáculos políticos que son actuaciones de desprecio que hacen creer que se elige así a los jueces y a los que dictan sentencias. Creen que hay un mercadeo con el poder judicial.

—Pero al fiscal general del Estado lo elige el Gobierno...

—No es un cargo judicial, es un promotor y ejercita acciones populares porque a veces las leyes no lo hacen y ellos lo impulsan. Ha sido usado para la politización de la justicia, ha habido reformas, ha habido un control de las cortes y del Supremo y ha mejorado para mantener la autonomía, pero quien lo nombra es el Gobierno.

—¿Qué tres cosas reformaría en la Constitución y por qué hay ese miedo atávico a reformarla?

—Las constituciones europeas se han reformado hasta 200 veces en países de la Unión Europea y no ha pasado nada. El miedo tiene que ser a meter la cuchara por situaciones coyunturales. Reformaría la función del Senado, que es de segunda lectura ahora mismo y merece otro matiz. Garantizaría el derecho a la intimidad en las redes sociales, que ya en 1978 atisbaba que la informática podía afectar. Las redes sociales son un instrumento muy bueno para hacer el bien y muy peligroso para el mal. También habría que modificar la igualdad y la violencia contra la mujer. La sociedad ha evolucionado mucho más porque la ley trataba peor a un investigado que trataba mal a su mujer antes que a quien trataba mal a su pareja. Sería bueno corregir cosas que en 40 años exigen una revisión tranquila.

—Han pasado cuarenta años y el Senado no es aún cámara territorial. ¿Por qué?

—Habría que darle una vuelta. Hay nuevos partidos que piden que elija el Senado la administración territorial. Las prisas y el debate del Senado es por Cataluña porque eso está en otro marco de convivencia diferente. El Senado hace un trabajo muy relevante desconocido que los medios deberían difundir.

—¿La Constitución se enseña en los colegios?

—Indudablemente. Tras el 35º aniversario una encuesta reveló que solo el 15% de los ciudadanos ha leído alguna vez la Constitución y que el 38% ha leído sólo una parte. Pero la gente siente que existe y no necesita leerla. Es un signo de confianza en las instituciones y es bonito leer la Constitución. El preámbulo es precioso y hoy no se podría hacer mejor. El contrato social está vigente y estamos hablando de vigencia de hace 40 años. No se puede redactar mejor, animo a que se lea en colegios y universidades.

—¿La Constitución recoge adecuadamente el cambio climático?

—Me arropo con la Constitución para mi función de consejero de Medio Ambiente. La Constitución previó la lucha contra el cambio climático en el artículo 45,2. ‘Los poderes públicos velarán por la mejora de las condiciones de la vida y el medio ambiente’. La Constitución dice que hay que hacer un uso racional de los recursos, no se necesita más. A partir de ahí las leyes tienen el campo abierto para luchar contra el cambio climático. La lucha de los ecologistas ultraortodoxos tiene una guerra en la que les ampara el poder judicial, porque ejercen una presión inconstitucional. El Medio Ambiente no es estático, tiene que servir para el desarrollo de la persona y del medio rural y hay que permitir que agricultores y ganaderos puedan vivir. La elaboración del Medio Ambiente en la Constitución es magnífica.

—¿La Constitución recoge los desequilibrios territoriales? Hay quien dice que atiende a la población y quien dice que se atienda a la dispersión y a la despoblación...

—La Constitución lo recoge todo. En el artículo 138 el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y vela por un equilibrio económico y justo en el estado español atendiendo al caso insular. La Constitución no tiene que decir más, lo que hay que hacer es cumplirlo en la clase política. Los gobiernos no han atendido la financiación equilibrada con justicia. Los dos grandes partidos tienen más visión de estado y no puede ser que tengamos la mejor sanidad y 500 millones menos para pagarla. La despoblación es lo mismo, hay que vivir igual. Es un coste tremendo tener aulas de cuatro alumnos pero lo hacemos por la igualdad. Había que subvencionar a la gente que vive en los pueblos. Herrera ha llevado la despoblación al Comité de las Regiones. Hay derecho a vivir en los pueblos y si se acaba el uso del territorio rural, se acabará el medio rural.