«Hay que aprender de la deslealtad de los nacionalistas»

En torno a la Constitución empezó Antonio Silván como abogado y, luego, como asesor del Procurador del Común, antes de entrar en política como secretario general de la Consejería de Hacienda y luego como consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta. Ahora, su conversación sobre la Carta Magna muestra el perfil del alcalde.

—La Constitución, en el título octavo, consagra gran parte de lo que afecta a las corporaciones locales. En el artículo 139 dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. No lo tengo tan claro que tengan los mismos derechos, sobre todo por el estado de las autonomías y diferencias en materias como Educación o Sanidad. ¿Tenemos todos los españoles los mismos derechos?

—Estoy orgulloso de ser español, vivir en un país como España y tener una Constitución que nos ha dado este periodo de paz y progreso. Creo que todos los españoles somos iguales como valor absoluto y supremo, aunque donde haya carencias debemos contribuir para llegar a esa igualdad. La Constitución es amplia y tiene margen para que todos nos sintamos cómodos sin tener por qué buscar el agravio y establece unos mínimos que hay que respetar. Si hasta ahora vemos que hay algún problema, debemos tratar de que todos los españoles sean iguales y nos sintamos igual de cómodos viviendo en Cataluña o en León. La Constitución nos obliga a ello y somos responsables de trabajar para ello.

—El avance en 40 años ha sido extraordinario. ¿Qué parte de responsabilidad tiene la Constitución?

—Toda. Es el marco que nos hemos dado y sobre el que pivotan todos los desarrollos vitales de cada uno y la comunidad española. La transformación ha sido absoluta. En 1978 pasamos del blanco y negro al color. Nos ha dado las herramientas suficientes para tener los principios de igualdad, seguridad y de la ley, pero también políticas económicas y sociales que han aportado un cambio abismal. Nos ha equiparado a Europa y nos puso en vanguardia en todos los ámbitos. Los datos son fríos: desde 1978 el PIB se ha multiplicado por 8, de 4.000 a 28.000 euros. Somos protagonistas en los ámbitos científico, de investigación, cultural, deportivo... Lo hemos hechos los españoles porque hemos creído en nosotros mismos y tenemos un texto que nos lo permite.

—Está bien la renta per cápita, pero hay que hablar por poder de capacidad de compra con esa renta per cápita.

—Traslado la realidad de país, aunque queda mucho recorrido, compromiso y obligaciones por hacer, pero las magnitudes comparadas ahí están.

—¿Qué diferencias y similitudes hay entre la sociedad de 1978 y la de hoy y entre la clase política de 1978 y la de hoy?

—Hemos evolucionado todos. Ahí estaba el ámbito educativo, con la bolsa de analfabetismo a tener en cuenta que existía y que hoy no existe o la tasa de escolarización. La esperanza de vida ha pasado de 74 a 83 años, 9 años en 40 años. Eso ha supuesto un avance y calidad de vida evidente. Hay mucho tramo que realizar. La autoestima de trasladar al mundo nuestros valores nos lo ha propiciado la Constitución de 40 años en paz para desarrollarnos. La política somos todos, aunque no lo queramos ver. Lo que veo es que hoy hay una política cortoplacista, va al rédito y retorno inmediato. Ahí tenemos mucho que aprender de los maestros de hace 40 años, que salvaban muchas diferencias sentándose con una estrategia y objetivo. Ahí estaban Fraga con Solé Tura, por ejemplo.

—Lo más antisistema entonces era Santiago Carrillo con su peluca. Hoy, es Pablo Iglesias.

—La diferencia abismal era que uno creía en España y el otro no. Santiago Carrillo vino de fuera de España a querer vivir en España y construir España y, hoy, Pablo Iglesias quiere destruirla desde dentro, llevarla a otros países como Venezuela. Los españoles aplaudimos a Carrillo como padre de la Constitución y ahora tenemos la obligación de quitar, en símil deportivo, a quien quiera destruir a España. Carrillo reflejó la concordia, el consenso y el trabajar a medio y largo plazo. No lo hizo con esa necesidad de rédito inmediato que al final empobrece.

—En la Constitución, ¿qué es más importante en cuestión de derechos, valores y garantías?

—Todo, pero por encima de cualquier cuestión reflejaría la importancia de la libertad que nos ha permitido desarrollarnos como personas y sociedad. Después de ella nacen todos los derechos que reconoce la Carta Magna. No me puedo olvidar de los principios del espíritu democrático: la cultura del acuerdo, el entendimiento, el respeto, la tolerancia. Tampoco podemos olvidar la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí está toda la relación que recoge el artículo 2, desde los esenciales de la libertad a todos los políticos, económicos y social. Lo que está recogido en la Constitución debe ser nuestro frontispicio, nuestro referente. Lo que engloba a todos es la libertad.

—Hay una corriente de opinión que dice que la Constitución debe reformarse, pero la Constitución tiene amenazas.

—Sí. Yo creo que cuando hablamos de amenazas tenemos que desarrollar lo que significa: es quebrar, violar los principios, derechos y valores que recoge; nuestra democracia, que tanto nos ha dado. Tenemos que tener en cuenta que se rompería toda la escala de valores que se ha hecho y tanto bien nos ha dado. No es una amenaza reformar la Constitución, sino que está recogida en el texto su posibilidad y lo que obliga a hacer. No se trata de una reforma a la carta como pretenden algunos de los que hablábamos antes, sino de tener en cuenta el articulado en el que viene cómo debe hacerse. Hay dos amenazas, aunque puede ser una porque es difusa su frontera: el nacionalismo y el populismo. La amenaza es evidente porque no creen en el artículo primero de la Constitución, en el que se recoge que la soberanía de España radica en los españoles, en todos los españoles, no en unos pocos, ni en los que a mí me interesa. No creen en ello y entonces son una amenaza constante. Frente a ellos debemos estar todos los demás.

—¿El artículo 155 por sí solo sirve para luchar contra esas amenazas o hay otros instrumentos que deberían aplicarse?

—Lo que sí es evidente es que el artículo 155 ha servido. Marcó un antes y un después en esa situación que todos los españoles no queremos, que era utilizar todos los argumentos torticeros, interesados y discrecionales para romper España. Se aplicó y no pasó nada, aunque algunos dijeron que el mundo se iba a acabar. Pero la Constitución también establece otros mecanismos. Los poderes trasladan ese equilibrio y nivel de protección a través de las leyes ajustadas al texto normativo básico; está el Parlamento y la tutela judicial. Todos estos elementos son sobrevenidos, pero debemos trabajar antes todos en prevenir esas situaciones. Hay que hacer autocrítica porque los partidos constitucionalistas, con vocación de gobierno, que hemos gobernado, hemos cedido en muchas ocasiones a planteamientos de nacionalistas e independentistas que lo que han trasladado es que no son dignos de nuestros planteamientos, que eran basados en la estabilidad y el entendimiento y ellos han sido absolutamente desleales. Tenemos que aprender de esa deslealtad desde los partidos constitucionalistas para decir hasta aquí. Basta de concesiones y situaciones que nos pueden llevar donde no queremos.

—Estamos de acuerdo en que se necesitan reformas. ¿En qué cuestiones habría que reformar la Constitución?

—Parto de la base de que tenemos la Constitución que mayor descentralización permite, pero la línea llega hasta donde llega y luego está el abismo. No debemos tener miedo a las reformas, siempre y cuando las dotemos de un planteamiento global. La reforma debe tener en cuenta una cosa que hoy no se da: ese espíritu de consenso y entendimiento que hace 40 años sí se produjo. No vamos a abrir una puerta sabiendo que detrás de ella pueden encontrarse los males de todos los tiempos. Debemos ser todos tremendamente cautos. En el ámbito territorial se podrá llegar hasta donde se llegue y habrá que modificar la cámara del Senado para que, en vez de ser más de control, sea de representación de provincias, diputaciones y autonomías. También se deben incluir nuevos derechos y sus limitaciones. El otro día decía Esther Seijas que habrá que introducir el derecho a internet y sus limitaciones, para las redes y su nebulosa. Tampoco podemos mirar para otro lado con la violencia de género. Todo eso no quiere decir que no sea válida y vigente porque hay la posibilidad de margen de modificarla. No debemos tener miedo a la reforma, debemos ser cautos y no tiene por qué ser ahora, dado que debe haber entendimiento y consenso de partidos con altura de miras y recoger el procedimiento legal.

—No hay prisa.

—La Constitución nos la dimos nosotros y nos la tenemos que volver a dar. Tiene legitimidad. Podemos esperar 2 años, 20 o 40. Lo que tenemos que tener claro son los elementos para diseñarla y hoy no se dan.

—León es la cuna del parlamentarismo. Salvando las distancias, ¿hay alguna similitud entre los Decreta y la Constitución?

—Tenemos el orgullo de ser cuna del parlamentarismo y se dan muchas coincidencias, salvando todo lo temporal y social. Nuestro rey Alfonso IX tenía la clarividencia de los padres de la Constitución respecto al entendimiento y al acuerdo porque incorporó al tercer elementos fundamental, el pueblo. Igual que españoles nos dimos Constitución, en 1188 se contribuyó desde León a hacer España, Europa y el mundo. Aunque con matices, en los Decreta están los derechos fundamentales: la vida, la propiedad privada, la libertad de la mujer, la inviolabilidad de domicilio, la obligación del rey de escuchar antes de tomar sus decisiones y la intención de lograr una paz duradera. Se daba en 1188 y ahora.

—El artículo 148 dice que en cada pueblo, un ayuntamiento si fuera necesario. ¿Pero están bien financiados?

—Sí. Tiene que mejorarse para adecuarse a las circunstancias. Es un pacto que debe conseguirse para la financiación autonómica y de las haciendas locales. También hay mecanismos no tan gravosos y fiscalizadores como contribuyentes. La unión de servicios que reducen costes para prestar servicios también es una herramienta que nos permiten como ayuntamientos procurar una mayor equidad en la prestación. Se necesita una financiación acorde, eso es indudable. Apelo a las instituciones mayores para que lleguen a acuerdo. No hablamos de ideologías, sino de prestar verdaderos servicios a los ciudadanos. En los ayuntamientos se hace muy poca política, muy poca ideología; lo que se hace es gestión. Al final todos vivimos en nuestros pueblos y tenemos al ayuntamiento como referente primero. Al vecino le importa muy poco que la luminaria sea competencia de uno u otro, pero tiene que iluminar.

—¿Una parte de esa mala financiación es por haber asumido las llamadas competencias impropias?.

—Sí, puede ser, pero es que al final la competencia la asumes tú y luego vienen en cascada todos. Si estuvieran bien definidas... Las ejercemos desde hace muchos años y ahora cuesta decir que no se ejerce, con lo cual el vecino queda fuera de juego. Somos corresponsables, pero lo matizo: como servidores públicos tenemos que dar ese servicio.

—¿Qué opina del decreto que abre la puerta a la desaparición de las juntas vecinales?

—Los textos legales tienen que ajustarse a la realidad y esas situaciones existen. No por eliminarlas eliminas el problema. Es cuestión de ordenar y reglamentar. Debemos mantener presente la realidad. La historia forma parte de nuestro presente y ha contribuido a tener esas competencias. Eliminarlas, no en nuestro planteamiento; eso para otros que querían incluso eliminar las diputaciones. ¿Qué van a hacer los alcaldes que están 24 horas en su profesión y a la vez solventando los problemas de sus vecinos? Ahí está la Diputación.

—Vamos a unas elecciones. El texto constitucional recoge la Ley D´Hont para regular el reparto de la representación. Pero no incluye una segunda vuelta. En un escenario como el que tenemos, ¿debería cambiar?

—Si creemos todos, sí. Mi planteamiento personal es que sí por una sencilla razón. Al final, somos la administración más próxima, hay que prestar servicio cuanto antes mejor y no estar sujetos a vaivenes de mayorías y minorías, porque hablo de gestión rápida y eficaz, aunque con control, evidentemente. Hoy el sistema ralentiza. Si lo haces mal, a los 4 años los vecinos dirán que vengan otros. Yo iría a una segunda vuelta. Eso no es romper ningún equilibrio democrático, pero nos lo tenemos que dar todos por las mayorías que están marcadas. Si nos debemos a la gestión eficaz, las decisiones han de poder tomarse rápidas. La regulación actual no es mala, pero sí mejorable.

—Se bloquean.

—Sí, algunas veces. Luego, cuando se usan torticeramente por intereses de otro tipo las argucias legales para ralentizar tomas de decisión nos vemos abocados a asumir que somos incapaces de tomar esas decisiones.

—Usted ha estado en la Junta y ahora en el Ayuntamiento. ¿Qué diferencias hay?

—Muchas. En el Ayuntamiento, la baldosa, el empleo o la inversión tiene que ser inmediata. En cambio, la administración autonómica tiene una estrategia que aplicas y no tiene la inmediatez. Aunque nosotros no hubiéramos podido hacer en estos tres años lo que hemos hecho sin la Junta y el Gobierno. La situación financiera del Ayuntamiento bajó de más de 400 a 180 millones de deuda, pero sin ellos no hubiéramos podido hacer casi nada.

—¿Cómo afronta la juventud esta época y cómo lo hizo la suya?

—Ellos han vivido siempre en democracia y eso les da un valor añadido. Es muy diferente el año 1978 a 2018, pero hoy tenemos un valor añadido: haber vivido 40 años en paz y ser protagonistas de ese progreso económico y social. Ellos ahora tienen ese camino abierto. Lo importante es que se viva bien con esos valores.

—Me refería a la conexión de los jóvenes con la política. Antes era más por la Universidad y hoy por el Twitter.

—Políticos somos todos, insisto. Tenemos la responsabilidad y tomamos decisiones. Ellos están más informados y al tanto de la calle, de lo que hacen los políticos. Sus conversaciones tienen sustrato político, lo valoran y critican. Nosotros lo asumíamos y no valorábamos. Los jóvenes están interesados, aunque hay que cambiar los mecanismos de trasladar esa información. En cuanto a nosotros quizá no estamos al nivel de los políticos de 1978, ellos bajaban menos a la arena pero aplicaban más las cuestiones que afectan a la arena.