Piden inhabilitar por ocho años a Lázaro García Bayón

Lázaro García Bayón, entonces alcalde de Villaquilambre, y los concejales Jesús García Flores, Julián Viñuela, Manoli Ordás y Pilar Reguero, se enfrentan a una inhabilitación para cargo público por un periodo de ocho años y medio acusados de un supuesto delito de prevaricación administrativa por modificar indebidamente (según el criterio del Ministerio Fiscal) las condiciones de la obra de la envolvente climática del nuevo edificio consistorial. El juicio se celebrará el 12 de diciembre, a partir de las 10.00 de la mañana en el juzgado de lo Penal número 1 de los de León.

Según el escrito de acusación Ministerio Público, los hechos se remontan al 22 de marzo de 2006, cuando los procesados, miembros todos ellos de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villaquilambre, aprobaron la envolvente climática para el edificio del ayuntamiento, que fue adjudicada a Dragados.

El 17 de octubre de 2006 se sacó licitación del proyecto, que redactó la arquitecta y exconcejal del Ayuntamiento de León, Belén Martín Granizo. El 6 de octubre se aprobó el expediente de contratación de la obra a la oferta más ventajosa, con un precio de cuatro millones de euros. El 9 de octubre se adjudicó la obra a Dragados S.A. por casi tres millones de euros, con el argumento de que era la que mejores condiciones ofrecía, con orden de inicio de las obras para febrero de 2009. Según la planificación de la empresa, el inicio de la obra preveía unas pérdidas de 1.150.000 euros, que si bien consiguieron reducirse, se mantuvieron sustancialmente durante su ejecución.

Como modo de financiar la obra y aprovechando la convocatoria del Plan E, el Ayuntamiento de Villaquilambre concibió la idea de incluirla en ese plan aprobándose por un importe de 763.000 euros. Al darse el caso de que se trataba de obra nueva, para su inclusión en el Plan E se constituyó la mesa de contratación y se concedió a la única empresa que presentó oferta.

En definitiva, según el Ministerio Fiscal, se desgajó parte de la obra y se volvió a unir para poder financiarla, lo cual supondría un delito de prevaricación administrativa.

La defensa de los acusados considera que la causa caducó con fecha 3 de diciembre de 2017 y que ha sido objeto de dilaciones indebidas, al haberse iniciado el procedimiento en el año 2013. Además se trata de hechos cuyo esclarecimiento no está en declaraciones verbales de las personas intervinientes sino en la simple constatación de documentos.