Solicitan que no todos los perjudicados por la estafa en Caja España tengan que declarar

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

Los letrados que encarnarán la acusación particular de los 138 afectados por la estafa piramidal en Caja España se plantean la posibilidad de solicitar a la Audiencia Provincial de León que no todos sus clientes tengan que subir al estrado para ser interrogados, para evitar que la vista oral ya de por sí extensa por las peculiaridades del caso, se prolongue aún más.

Por de pronto, se han celebrado las primeras reuniones informales entre los profesionales que se harán cargo de la representación procesal del centenar largo de personas a los que una empleada de la entidad financiera estafó presuntamente una cantidad cercana a los siete millones de euros, valiéndose de un sistema piramidal que según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, contaba con el apoyo de su marido y de su hijo.

Los abogados consideran que existen muchos casos en los que los perjudicados no tenían constancia de lo que estaban firmando, puesto que en la mayor parte de los casos eran familiares o amigos de los principales acusados. «No tiene sentido proponer el interrogatorio de mucha gente que lo único que hizo fue poner el dinero a disposición de personas en las que confiaban y que no saben ni qué productos estaban contratando ni en qué condiciones estaban suscribiendo los acuerdos», explicó a este periódico uno de los letrados personados en la causa.

«Es un caso un poco especial y se trata de hacer que se resuelva de la forma más sencilla, después de más de siete años de instrucción y de muchas idas y vueltas», señaló el mismo profesional. «Por eso queremos proponer que se haga una excepción y que solamente declaren aquellas personas que realmente puedan aportar algo, para que no sea un rosario de declaraciones que no añaden nada significativo».

SIETE AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN

El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación una pena de siete años y medio de prisión para María Consolación Suárez Velasco, empleada en una sucursal de Caja España. Se le acusa de idear una trama financiera paralela a la entidad por la que ofrecía productos con elevadísimo rendimiento que hacían imposible para sus sistema soportar el pago de los intereses, por lo que el asunto acabó convirtiéndose (siempre según Fiscalía) en una estafa piramidal que deparó un volumen de alrededor de siete millones de euros.

La defensa de la sospechosa niega la descripción correlativa de los hechos que presenta el Ministerio Público y exige la libre absolución. Para el caso de que no fuera así y de forma subsidiaria, su letrado propone que sea considerada cómplice de estafa, puesto que defiende que los directivos de la caja eran conocedores de sus actividades en todo momento.