UN FUTURO SIN CARBÓN
Castilla y León, Asturias y Aragón urgen una reunión con la ministra Ribera para analizar una transición justa a la minería
Preocupan en las administraciones autonómicas "los duros efectos en las cuencas" del fin del carbón y la situación límite en la que se encuentran
Los mineros de Antracitas de Salgueiro, la última mina del Bierzo cerrada la semana pasada
Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturias, Javier Fernández, y Arágon, Javier Lambán, han solicitado a través de una carta un “urgente encuentro de trabajo” con la ministra de Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera, para analizar con detalle la “situación límite” en las cuencas antes el cierre de las explotaciones de carbón y de las centrales térmicas y buscar una alternativa justa que mantenga la actividad en esas zonas.
“Con actitud totalmente constructiva y desde la voluntad de colaborar” se solicita la reunión como se explica en la carta firmada por los tres presidentes, uno del PP y dos del PSOE, dada a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, precisó que “se ponen a disposición” en cumplimiento de la consulta a los territorios afectados que estable la Comisión Europea.
En la carta, los tres mandatarios recuerdan que la minería del carbón y la producción de energía por las centrales térmicas han sido dos sectores complementarios de “gran tradición y presencia” en estos territorios y expresan la preocupación por las consecuencias económicas y sociales graves y directas en el desarrollo de las decisiones y compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y la transición energética.
Igualmente, subrayan que, aunque exista alguna diferencia en cada una de las comunidades, los tres gobiernos mantienen una “posición común para hacer frente a la enorme preocupación” que comparten sobre los “duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos que la acelerada desaparición de esas actividades está provocando en los últimos años en esos territorios”. “Una preocupación que todavía es mayor más sentida en los municipios, ciudadanos, trabajadores y familias directamente vinculados a las minas y a las centrales térmicas”, explican a Ribera.
En ese marco, los tres presidentes solicitan la reunión con la ministra para analizar la situación y las medidas que puedan favorecer un “cierto futuro” para estos sectores, tanto por razones estratégicas vinculadas a la política energética nacional, como por razones sociales de “pura supervivencia de las comarcas mineras”.
La transición justa, como detallan en la misiva, es atender el impacto social de los cierres de minas y centrales, acompasando éstos a la creación de nueva actividad económica y de empleo que genere alternativas reales y ciertas de vida para las cuencas. “Por todo ello, entenderás nuestra gran preocupación por la situación actual, nuestro deseo de colaborar para poner en marcha esas alternativas y nuestra urgencia por mantener un encuentro contigo”, concluye los presidentes.
Plan estatal
En la rueda de prensa, la consejera portavoz recordó que esa posición la trasmitió el presidente Juan Vicente Herrera en su reunión con Pedro Sánchez el pasado 27 de noviembre en La Moncloa y subrayó que solicitó la implicación del Ejecutivo central a través de un plan estatal de alternativas destinado a mantener al menos 2.000 empleos que se perderían con los cierres anticipados.
En ese plan estatal de alternativas, que Herrera dejó en la mesa del Gobierno, se propone una reserva para proyectos industriales en la zona con el objetivo de generar los puestos de trabajo que se pierden por el cierre de las minas y las térmicas y la transición y la descarbonización “ordenada, justa, responsable y con alternativas”.
El presidente de la Junta defendió que algunas minas y grupos térmicos pueden ser competitivos y funcionar más allá del 1 de enero de 2019 en que está prevista su clausura y pidió al Gobierno que “no corra más que nadie” y se puedan apurar los plazos hasta el 2030 en vez del 2025, en una idea en la que insistió Marcos al dar a conocer el contenido de la carta remitida a Ribera.
La consejera portavoz manifestó que se puede flexiblizar la devolución de las ayudas por las empresas, reconsiderar la posibilidad de mantener un cupo de carbón autóctono en el mix nacional, realizar una reestructuración justa y con plazos y mantener la actividad mediante la permanencia de los trabjadores en tareas de restauración, a la vez que rechazó que la transición sea prejubilar a personas con 40 años. “Esa no es la alternativa, hay que coordinar un plan para que esas zonas no mueran”, aseguró.