La expropiación para ampliar el parque de Morano le costará a León 694.696 €

La acumulación de pleitos, autos y requerimientos acaba con una factura de 694.696,28 euros. La cifra resuelve 14 años de pugna entre el Ayuntamiento de León y los propietarios de las fincas traseras de los números 59 y 61 de la avenida Padre Isla para determinar la cuantía de las expropiaciones. No hay ya más camino administrativo, ni judicial. Ahora, tan sólo queda que el consistorio desembolse el dinero, después de que ayer la comisión informativa de Urbanismo aprobara autorizar y disponer el gasto que generará la adquisición de los terrenos con los que se quiere ampliar el parque de Juan Morano.

Las dos fincas suman 1.264,68 metros cuadrados que, en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2004, se incluyeron como parte del sector urbano de la estación de Feve. La decisión hizo que el propietario impugnara el acuerdo para reclamar que se consideraran las fincas como ‘suelo consolidado’, en lugar de ‘no consolidado’, y que se desvinculase para que el pago de su expropiación no estuviera condicionado a los beneficios de la venta de los terrenos del ferrocarril.

La tesis la suscribió la sentencia firme del TSJ, en noviembre de 2007. Con el fallo en la mano, el propietario ejerció su derecho a reclamar la expropiación de los terrenos, calificados como zona verde, sin opción de que generaran plusvalías por la construcción de viviendas. La pretensión, sin atender por parte del Ayuntamiento, que no tenía interés en la obtención de los terrenos y se amparaba en la disponibilidad económica, terminó por abrir dos nuevos frentes judiciales: uno contra el consistorio y otro contra la comisión territorial de valoración, en el que el dueño de los terrenos llegó hasta el Supremo para hacer valer sus reivindicaciones.

La nueva sentencia, fechada en 2016, hizo que el Ayuntamiento, apremiado por un auto, terminara por asumir la expropiación de los terrenos en julio de 2017 con 439.448,58 euros como precio. Ante esta cifra, los herederos del propietario reclamaron la entrada de la comisión territorial de valoración, que es la que fijó los 694.696,28 euros del justiprecio, 255.247,7 euros más.