León y Adif pugnan por quién debe pagar los 1,4 M€ de la prolongación de Ordoño II

El 20 de abril de 2011 el paso de la procesión del Perdón escenificó la apertura de la prolongación de Ordoño II hacia el oeste de la ciudad. El nuevo vial, bautizado como ampliación de la céntrica avenida pero realmente incluido como continuidad de la avenida Palencia, se ha convertido casi ocho años después en una penitencia para el Ayuntamiento.

Desde que en diciembre de 2012 la administración municipal promovió la liquidación de la sociedad León Alta Velocidad 2003, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reclama al consistorio de la capital leonesa que asuma la titularidad de los viales y la rotonda, además de que abone la factura de 1.378.579,19 euros que costó su construcción. Pero no está por la labor el Ayuntamiento, lo que ha derivado en que ambas partes pacten como salida someterse al arbitraje de la Abogacía del Estado.

La intermediación del órgano estatal se invoca después de que el enroque de las partes en su postura haya hecho que no sea posible la extinción de la sociedad. La última junta general y extraordinaria de accionistas, celebrada en septiembre del pasado año, sirvió para que por unanimidad se acordara que el Ayuntamiento de León enviase su informe y conclusiones para que la Abogacía del Estado decida si tiene razón.

El consistorio defiende que no ha contraído «obligación alguna de gasto» con respecto a la construcción de los viales y se agarra a que en el acuerdo de resolver la sociedad, aprobado el 4 de diciembre de 2012, se recogió que «la liquidación del pasivo restante, una vez deducido el importe de la obra ferroviaria, se asumiría por la Junta, en un 50% de las deudas, Renfe Operadora en un 12,5% y el Adif en un 37,5%». El Ayuntamiento de León se ampara en este documento para defender su postura.

Pero a mayores argumenta que se trata de una infraestructura ejecutada como parte de los trabajos de «permeabilidad» ferroviaria y que, incluso, 6.100 metros cuadrados del vial, los que van desde la estación provisional hasta superar casi en su totalidad la rotonda, se encuentran dentro de terrenos de titularidad de Adif. Este suelo no se recibirá, como pretendía el organismo estatal, al menos hasta que finalice el soterramiento, como exponen los técnicos en su informe, en el que admiten que en superficie la titularidad será del consistorio, mientras que en el subsuelo se mantendrá el dominio ferroviario.

Frente a estas tesis, Adif mantiene durante estos años que la prolongación, que ya está abonada, se hizo conforme a una addenda al acuerdo marco regulador de la sociedad, firmada el 12 de mayo de 2011, que afecta a la cofinanciación de estos viales de acuerdo a la participación de las partes en el accionariado: la Junta el 20%, León el 15%, San Andrés el 15%, Adif el 37,5% y Renfe el 12,5%. Ahora será la Abogacía del Estado quien resuelva si el Ayuntamiento debe pagar y, en su caso, cuánto, del coste de la prolongación.