Las diferencias evitan que se pueda liquidar la sociedad de integración León Alta Velocidad

La sociedad León Alta Velocidad se constituyó el 10 de enero de 2003 con el objetivo de que sirviera de herramienta para la coordinación de las actuaciones del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo y que, en consecuencia, gestionara el desarrollo urbanístico y la ejecución de las obras de los terrenos que quedaran liberados. Con el mismo modelo que en el resto de ciudades de España que habían sufrido una integración ferroviaria, el plan pasaba por articular la venta del medio millón de metros cuadrados que surgirían al desaparecer el tren, en los que se preveía levantar 4.366 viviendas, y utilizar las plusvalías para asumir la factura del soterramiento, así como la unificación de los talleres de clasificación, contenedores, material motor y remolcado dentro del polígono ferroviario de Torneros.

La planificación saltó por los aires con la llegada de la crisis. Mientras el nuevo Gobierno del PP cuestionaba el soterramiento de 2,6 kilómetros que había ampliado su predecesor y se paralizaba el avance de Torneros, el Ayuntamiento de León promovió que se disolviera la sociedad gestora. Adif y la Junta se apuntaron con celeridad a la propuesta, a la vez que mantenían viva la sociedad homóloga en Valladolid, y en diciembre de 2012 se acordó iniciar la extinción. No se ha podido ejecutar aún por completo por la pugna entre el consistorio y el ente gestor que impide la liquidación definitiva, como advierten los auditores, que apuntan que hay también un pequeño fleco que resolver con la constructora Comsa por una revisión de precios de 71.120,91 euros.