El Ayuntamiento y la Diputación bloquean el crédito de Gersul para pagar a la UTE 23 M€

El 1 de noviembre expiró el plazo fijado por el juez para que Gersul saldara su histórica deuda con la UTE Legio VII, la adjudicataria del sistema provincial de tratamiento de residuos. Tres meses después, la solución auspiciada judicialmente para evitar un largo pleito, zanjar los contenciosos y recuperar la normalidad de las relaciones entre empresa y consorcio —el pago de 23 millones de euros a la empresa— aún no ha sido ejecutada, fundamentalmente, por la falta de un aval que respalde la operación ante los préstamos bancarios que son precisos. Según ha podido conocer este periódico, a pesar de que el Ayuntamiento de la capital, institución a la que actualmente está adscrita el consorcio, pretendía que fuera la Diputación la que avalara la operación ante las entidades financieras, el Palacio de los Guzmanes se niega. Los intereses comenzaron a correr desde el fin del plazo determinado por el juez, cada día que pase sube la factura final y el riesgo de que la empresa pida la ejecución de ese fallo judicial.

«Ni pediremos nosotros el crédito, ni lo avalaremos», advierte el diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo. Las arcas provinciales finalizaron 2018 con deuda cero y el equipo de gobierno no quiere acudir a ningún préstamo, ni avalarlo, para no comenzar acumular de nuevo rémoras. «Que busquen soluciones, no desde la Diputación; es un tema de Gersul». Mientras, el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, asegura que tampoco pueden avalar la operación porque el nivel actual de endeudamiento de las arcas municipales (por encima del 110% de los ingresos corrientes) no lo permite, de acuerdo a la Ley de Estabilidad. «El presidente de Gersul trabaja en la solución», apostilla.

En el fondo de estos desacuerdos subyace la eterna pregunta: ¿a qué institución debe estar adscrita Gersul? De momento, se halla en manos del Ayuntamiento, aunque no de una manera formal y oficial, sino porque así lo entiende la Intervención General del Estado. Los nuevos estatutos del consorcio, que siguen bloqueados a pesar de ser la piedra angular del sistema, ya contemplan su adscripción a la Diputación, un hecho que sustenta también la negativa del consistorio a aceptar avalar los créditos. Mientras, en el Palacio de los Guzmanes consideran que ahora está en manos del Ayuntamiento y debe ser esta institución la que respalde los créditos.

Gersul tiene previsto abonar esta elevada deuda a través de la concertación de un préstamo por el total de la cantidad, con un plazo de amortización de diez años. Será con el sistema de pool bancario, en este caso cinco entidades, según precisó en su momento el interventor municipal, quien también realiza la labor de fiscalización para el consorcio de tratamiento de residuos. La concesión de la UTE finaliza en 2024 « y luego no saben qué ocurrirá, los bancos quieren garantía de que van a cobrar», explicaba. También las entidades financieras han exigido que Gersul depure el censo de los contribuyentes de su tasa.

Una de las prioridades para el consorcio es recuperar la mayor cantidad posible del dinero que adeudan los morosos por impago de los recibos de la tasa. Un informe del interventor eleva hasta 13 millones de euros los impagos acumulados anteriores a 2014. Y desde entonces, se han generado más de 2,5 millones cada año. Todo lo que pueda recuperarse será destinado a amortizar la deuda que se contraerá con los bancos. Desde el 1 de enero, la Diputación tiene la competencia de recaudación de la tasa, aunque la tributaria siguen en manos del consorcio.