Presupuesto prorrogado desde 2016 y estatutos sin aprobar a cuatro meses del fin del mandato

El último presupuesto elaborado por el secretario-interventor recientemente cesado, tras la sentencia de inhabilitación de la Audiencia Nacional, corresponde al ejercicio 2016. Desde aquel año, las cuentas están prorrogadas ante el bloqueo de la gestión, en parte por las largas bajas por enfermedad de este funcionario. Desde 2014 no tiene cerrada su contabilidad, tal y como desveló su nuevo interventor, el del Ayuntamiento de la capital.

Varios son los estatutos elaborados y rechazados, con el documento que actualmente trabajan siguen dando vueltas para ajustar detalles y a cuatro meses del fin del mandato siguen sin aprobarse.

Se trata de la piedra angular del sistema, donde se fija que la Diputación debe adscribirse el presupuesto y la contabilidad del consorcio, y otros aspectos determinantes para la gestión diaria.

El Ayuntamiento insiste en que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local atribuye la competencia de los residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes a la Diputación y labores de coordinación en los que cuentan con una población comprendida entre los 5.000 y los 20.000 habitantes. «En julio de 2017 saltan las alarmas. Pedimos a la Junta que aclarara la situación de este consorcio y nos enteramos de que no tiene interventor y que tiene toda la gestión parada», comentaba el interventor municipal recientemente.

Actualmente, las arcas de Gersul están prácticamente a cero, por lo que acudir al préstamo para pagar a la UTE es un imperativo legal e ineludible. El consorcio cuenta con un presupuesto anual de 22 millones.