El Juzgado reabre el pleito de Sierra Pambley por el monte San Isidro
La Fundación reclama a la institución provincial 600.000 euros al año durante doce para pactar.
asun G. Puente | león
La larga batalla legal que mantiene desde hace años la Fundación Sierra Pambley y la Diputación a cuenta del monte San Isidro vuelve a ponerse en marcha en los Juzgados de León. Después de que la institución provincial pidiera por segunda vez la suspensión del proceso judicial para intentar llegar a un acuerdo, ahora, expirado el plazo fijado por el juez (60 días) para que las partes llegaran a un pacto, la falta de consenso frustra una salida amistosa.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 continuará con el procedimiento abierto por la demanda civil planteada por Sierra Pambley con los trámites pertinentes, plazos y pruebas, hasta concluir el proceso con la sentencia.
El vicepresidente de la Fundación, Graciliano Palomo, explica que antes del verano habían avanzado en la negociación, pero un cambio de los abogados de la otra parte ha demorado los pasos para llegar a un acuerdo. La Diputación ofrecía 200.000 euros al años durante 20 para zanjar el pleito, aunque Sierra Pambley consideró insuficiente este dinero y planteó 600.000 al año durante doce. Los técnicos del Palacio de los Guzmanes calculan en cerca de 6,2 millones de euros la valoración económica de los terrenos del monte San Isidro, un suelo que compró a la Fundación en 1949 por 1,7 millones de pesetas y en cuyo contrato de formalización de la operación se especificaba que la institución provincial debía destinar estas 133,47 hectáreas «a obras de la mayor trascendencia social», un aspecto que Sierra Pambley considera que no ha cumplido y por lo que reclama la millonaria indemnización a las arcas del Palacio de los Guzmanes. Sus técnicos estiman el valor de los terrenos en 8,6 millones. Precisamente es en esta gran diferencia económica donde estriban las fricciones entre las partes. «No ha habido respuesta a nuestra propuesta para que abonen 600.000 euros al año durante 12 daños. Hemos creído de buena fe que la Diputación quería una solución, al pedir dos veces la suspensión del procedimiento judicial, pero los tiempos expiran, aunque creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo si existe voluntad».
Confía en que la negociación pueda concluir antes de las elecciones para evitar un nuevo mandato sin el asunto sin resolver. La Diputación siempre ha mostrado su intención de lograr una salida negociada.