León no ha constituido después de un año la comisión de vestigios franquistas

álvaro caballero | león

Un año después de que se aprobara el acuerdo por unanimidad en la comisión de Educación y Cultura, que luego fue refrendado en el Pleno, León sigue sin constituir la «comisión científica de investigadores y expertos en historia contemporánea para que, junto al Ayuntamiento, elabore un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura para ser expuestos al conocimiento público y proceder a su eliminación». No hay nada, por ahora, porque la Concejalía de Patrimonio, dirigida por Margarita Torres, se ampara en que no ha recibido la contestación de dos de las asociaciones a las que se cursó invitación para que participaran en la iniciativa.

La carta de invitación tiene fecha de salida de 15 de octubre, justo 8 meses después de la aprobación inicial en el consistorio, y 12 días después de que la Junta incluyera a Margarita Torres, como representante de la Federación Regional de Municipios y Provincias, en la constitución del Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Desde entonces, según trasladan desde la concejalía dirigida por la concejala del grupo popular, tan sólo han contestado de manera afirmativa la Asociación Pozo Grajero y el departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de León, mientras que el historiador del Instituto Leonés de Cultura (ILC) Wenceslao Álvarez Oblanca «rechazó amablemente». Por contra, según el testimonio del departamento del gobierno municipal, aún no han contestado cuatro meses después la Asociación de Estudios sobre la Represión en León (Aerle), ni el Foro por la Memoria de León.

El punto muerto en el que se encuentra la comisión científica hace que al Ayuntamiento no tenga nada con lo que contestar a la Dirección General para la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia , que esta misma semana ha cursado una carta a León para que «recabe los vestigios franquistas que existen» en el municipio y «los retire». La misiva, remitida a otros 655 consistorios de toda España, es «sin carácter imperativo», pero recuerda a las administraciones «el deber de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», como aclararon ayer desde el departamento estatal, a la vez que apostillaron que se entienden por «vestigios» los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

La ausencia de la comisión científica influye también en el compromiso adquirido por el Ayuntamiento para que el abogado Eduardo Ranz desistiera en mayor de 2018 del proceso judicial por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El consistorio se comprometió a elaborar el catálogo, después de que el profesional exigiera que se eliminaran 33 nombres de calles del municipio. Sobre este listado, un primer grupo de trabajo comandado por Torres había dictaminado en verano de 2017 que sólo 13 eran susceptibles de quitarse, ya que el resto habían sido concedidas con anterioridad a la Guerra Civil o su motivación de su concesión no tenía que ver con motivos políticos de vinculación o servicios relevantes al régimen». Ante la polémica generada, se decidió la decisión final dependería de la comisión científica, promovida por una moción de León Despierta a la que se sumaron PSOE, UPL y En Común y que apoyaron PP y Ciudadanos.