Ampliado el tope de la instrucción de la Operación Púnica hasta el año 2022
El juez rechaza archivar la parte de la pieza leonesa referente a José Antonio Alonso Conesa.
miguel ángel zamora | león
Manuel García Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha decidido prorrogar por un periodo de 40 meses más la instrucción de la Operación Púnica por entender que se trata de una causa especialmente compleja y que el expurgo del material que actualmente se encuentra en fase de estudio requerirá más tiempo.
Los letrados defensores de un numeroso grupo de investigados han presentado los correspondientes recursos contra la prórroga, por entender que resulta contraria a derecho. El instructor alega «la envergadura de la investigación, la complejidad técnica de los hechos investigados y las múltiples ramas en que se divide una de las mayores tramas de corrupción de la historia judicial española, que exigen y justifican el plazo de ampliación adoptado».
Se basa en «la excepcional y extraordinaria complejidad de este procedimiento», deja constancia de que hay «cientos de investigados -más de 300-, quince líneas distintas de investigación o piezas separadas, 234 tomos (que aumentan cada día) y un volumen gigantesco de dispositivos informáticos a expurgar», según hace constar en un auto.
Igualmente, el magistrado ha desestimado la solicitud de José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, para archivar su parte de la causa, una sección de la cual pertenecía a la pieza leonesa de la Operación Púnica. Las fiscales anticorrupción le acusaban de ser el mentor político de Marcos Martínez Barazón en su intento por perpetuarse como presidente del Partido Popular en León tras el asesinato de Isabel Carrasco y lo basaban en conversaciones telefónicas en las que según la Fiscalía, diseñaba una operación de acercamiento a María Dolores de Cospedal para que mediara en la reelección de Barazón como presidente.
NO TIENE LÓGICA
«Carece de toda lógica y rigor analítico que invocando el auto del Tribunal Supremo relativo a Pilar Barreiro (también anterior alcaldesa de Cartagena) y su sobreseimiento y extrapolando cuestiones procesales y sustantivas circunscritas a una línea de investigación específica y concreta, relativa a los trabajos de reputación online, trate el encausado José Antonio Alonso de obtener su exculpación en toda la causa», señala el instructor, que mantiene sus imputaciones.
El Ministerio Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial y siete años para Manuel Jesús López, anterior interventor y Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo. Alejandro de Pedro se quedaría con una pena de cinco años y medio en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, de los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que Alonso Conesa hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo. Las defensas exigen la absolución por falta de pruebas.