El parón de los PGE atenaza la gestión de las 1.200 pedanías

El sindicato Csif lamentó ayer que la paralización de los Presupuestos Generales del Estado deja de lado aspectos «importantes» que se habían negociado con el Gobierno socialista como el permiso de paternidad de ocho semanas para 2019, o la oferta de empleo público y la subida salarial de cara al próximo año que «se esperaba negociar».

En el caso concreto de León, el presidente provincial de CSIF señaló que los PGE «han dejado por completo» una reforma a la ley que hacía responsables de las labores de secretaría, intervención y tesorería a los funcionarios con habilitación nacional de los municipios de León, una norma que está en suspenso hasta las próximas elecciones autonómicas, pero que se había conseguido que en la Ley de Presupuestos se dejara exentos a estos funcionarios, por lo que ahora se intentará hacer «por vía decreto».

Según cifró Hipólito Riesco, en España hay 3.700 juntas vecinales, de las que 2.200 están en Castilla y León y 1.200 en León, lo que lleva a suponer que «quien hizo esta norma desconocía la realidad de la provincia», ya que «hay municipios con 39 entidades locales menores», lo que supondría «el colapso».

Por su parte, el presidente autonómico del Csif Castilla y León, Carlos Hernando, reivindicó las 35 horas de jornada laboral para todos los empleados públicos, a la espera de que la Junta comunique si ha cumplido el objetivo de déficit para poder aplicar la medida. Hernando quiso dejar claro que Csif «no se conforma con un sueño de verano como pasó en el año 2018», por lo que también luchará por la «carrera profesional» para llevarla a los 166.000 empleados públicos de Castilla y León, así como por el concurso abierto y permanente.

Carlos Hernando, su homólogo en León, Hipólito Riesco, el alcalde de León, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, acudieron ayer a una jornada de preparación de delegados de administración local de cara a las próximas elecciones sindicales que se desarrollarán en la mayor parte de los municipios que puedan tener representación sindical, es decir, aquellos con más de seis trabajadores.

Según las cifras aportadas por Carlos Hernando, en Castilla y León hay un 18% de interinidad, algo que «es barbárico», por lo que depositó su esperanza en que «con las plazas de empleo púbico de estabilidad en el empleo» desaparezca el «empleo precario que hay en la administración». En cuanto a la Policía Local, apuntó que en Castilla y León hay 2.300 policías, de los que 230 se jubilarán durante este año.