El trasvase de camiones de la N-120 a la León-Astorga lleva un año de retraso

Se alarga el trayecto que iba a terminar por llevar el tráfico pesado de la N-120 a la autopista León-Astorga; la fórmula del trasvase bonificado, impulsado por la Junta y el Ministerio de Fomento con un convenio similar al que se aplicó para aliviar de circulación otros corredores saturados, debería de estar en vigor en marzo de 2018; esa fue la fecha anunciada cuando se cerró el acuerdo.

Un año después, las travesías de la carretera con más afluencia de la red principal de la provincia, presentan el mismo panorama que los habitantes de los núcleos urbanos padecen entre el ruido ensordecedor del tráfico y la presión circulatoria, que llega a condicionar el ritmo de vida.

La paradoja de la carretera suturada y la autopista holgada en el corredor central de León animó las reivindicaciones vecinales, asistidas por las instituciones locales, para lograr un ordenamiento más racional.

La bonificación del peaje, un acuerdo tripartito que implicaba al Gobierno central (con competencias en la materia) a la administración autonómica y a la concesionaria de la autopista, se acordó en unas condiciones que llegaba a alcanzar el 75% del coste que supone la tarifa de trayecto para los vehículos pesados; pero no ha llegado a matizarse, a pesar de la voluntad declarada de la consejería de Fomento por posibilitar una solución llamada a mejorar la condiciones de vida en las localidades afectadas por el murmullo incesante de la carretera; la misma administración autonómica estaba dispuesta a correr con la mayor parte del coste de la operación, compensar tres cuartas partes de la tarifa en el desvío obligatorio a la autopista del peaje; 1,4 millones de euros era la aportación prevista por la Junta para liberar al trazado de la Nacional 120 del tránsito diario de setecientos vehículos.

A aquel acuerdo de noviembre de 2017 le sobrevino un cambio de Gobierno y una variación en la política estratégica frente a las autopistas de pago; así y todo, el pasado otoño, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, insistió en que su departamento «asume e incluso está acelerando» la tramitación del compromiso para que se bonifique el peaje de la autopista León-Astorga (AP-71) a los transportistas.

«Hemos remitido una propuesta de convenio a la concesionaria y estamos a la espera de respuesta», subrayó, con la idea de que la gestión sigue en los despachos, pero sin plazo fijado para que entre en vigor.

«Cuando yo llegué al Gobierno afirmé que no íbamos a parar ninguna actuación y que asumíamos los compromisos del anterior equipo, aun cuando en algunos casos los hubiésemos formulado de otra manera», subrayó José Luis Ábalos a este respecto. Ese detalle suma una referencia al proceso; hace casi medio año que el Ministerio de Fomento remitió la propuesta de convenio a la concesionaria de la autopista León-Astorga para tratar de encauzar la llegada de tráfico pesado en esos treinta y siete kilómetros de trazado.

El traslado de camiones desde la N-120 a la AP-71 formaba parte de una solución más amplia que el Gobierno de España (con Iñigo de la Serna en el Ministerio de Fomento) y la Junta de Castilla y León planearon para descongestionar y aportar seguridad a travesías en zonas pobladas; la AP-1 y la N-I se incluían en el lote del acuerdo. En la conexión de la Madrid-Irún no fue necesaria su aplicación porque expiró la concesión de la autopista y el tráfico fluye sin peaje.

El colectivo de transportistas no dudó en mostrar su más absoluto rechazo ante la medida obligatoria de desviar la circulación de pesados de la nacional al peaje, y más al saber que debían costear de su bolsillo una cuarta parte de la operación.

El trasiego administrativo para la aplicación de la norma es más notable un año y medio después del acuerdo que el paso de setecientos camiones diarios desde la carretera nacional a la autopista.