El Catastro ‘recluta’ a la Diputación para que encuentre construcciones ilegales

La extensa red de gestión tributaria que la Diputación tiene trazada por todo León, a través de la recaudación de los tributos de 206 municipios, permite a la institución provincial un acceso y conocimiento del medio rural al que el Catastro no llega. Con el objetivo de aflorar cada año las miles de construcciones ilegales que atesoran los pueblos, el Palacio de los Guzmanes decide ahora retomar su colaboración con Hacienda, suspendida en 2012 con la crisis y los recortes que tuvo que afrontar, con la rúbrica de un nuevo convenio. El Pleno aprobará hoy el documento, con una vigencia de dos años, que validará a la Diputación para la realización de las tareas de inspección y fiscalización encaminadas a dar de alta a estas construcciones que no pagan impuestos a su ayuntamiento.

Y para realizar esta misión, la institución provincial contratará los servicios de una empresa pública —ligada al propio Catastro— a la que abonará este año un máximo de 70.000 euros por el desarrollo de esta labor. El convenio será ratificado hoy por el Pleno provincial.

El diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, remarca que «los ayuntamientos del medio rural no cuentan con técnicos para hacer estas inspecciones y comprobar las irregularidades sobre el terreno, y el Catastro sólo acude a los municipios cuando toca cada mucho tiempo una revisión de oficio». Se trata, según manifiesta, de que las altas de las construcciones estén al día cada año, fundamentalmente, para que no se acumulen las ilegalidades y el padrón del IBI no amontone falta de actualizaciones ejercicio a ejercicio.

Otro factor que empujó a la Diputación a reanudar su colaboración con el Catastro para este fin tiene a los alcaldes como protagonistas. «Nos demandan padrones bien hechos para no perder ingresos por el cobro del IBI. León pierde si no ayudamos al Catastro en esto. Y la Diputación está también para estas cosas, no sólo para asfaltar calles y renovar infraestructuras», apunta Rodrigo.

Una vez que estas construcciones ilegales sean afloradas, en los 206 municipios donde la institución provincial tiene competencias en gestión tributaria y recaudación por encomienda de sus ayuntamientos, girará a sus propietarios las cuatro anualidades preceptivas, más la actual en vigor, más allá no es posible ya que estarían prescritas.

De acuerdo al convenio que suscribirá con la Dirección General del Catastro, la Diputación, a través de la empresa contratada, tramitará los expedientes de alta, colaborará en las actuaciones de mantenimiento del padrón del IBI y atenderá a los ciudadanos en esta labor. Actualmente, la institución provincial ya prestaba el servicio de acceso electrónico a la información catastral mediante puntos de información catastral ubicados en sus oficinas de recaudación en Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún.

Desde 2013 y hasta finales de 2018, la regularización desarrollada por el propio Catastro logró sacar a la luz en toda la provincia de León, gracias sobre todo a imágenes obtenidas vía satélite o a través de drones, algo más de 58.000 inmuebles ilegales: desde piscinas, ampliaciones de viviendas, cobertizos, rehabilitaciones y reformas de casas hasta garajes y terrazas.

La inspección del Catastro para regularizar la situación de inmuebles en la zona rural (con el alza de su valor) y la decisión de ayuntamientos de incrementar los suyos en los ratios permitidos hizo que la recaudación del impuesto del IBI aumentara en el año 2017 cerca de cuatro millones de euros en los pueblos.