El Consejo de Cuentas aprueba su memoria de 2018, cuando realizó y comunicó a las Cortes 20 informes de fiscalización

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado su memoria de 2018, ejercicio en el que realizó 20 informes de fiscalización que comunicó a las Cortes.

La institución, encargada de la fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y de las entidades locales, ha aprobado su memoria de actividad de 2018 en un pleno celebrado en la sede de la institución en Palencia, que ahora será remitida al Parlamento autonómico.

El documento incluye el resumen de la actividad del ejercicio precedente y proporciona a las Cortes y a la sociedad en su conjunto una información precisa sobre la labor realizada, ha apuntado la institución.

El Consejo de Cuentas, que preside desde hace dos meses Mario Amilivia, da cumplimiento así al balance de la labor desarrollada por su antecesor, Jesús Encabo Terry, que puede resumirse en sus cinco comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar un total de 12 informes de fiscalización.

Los consejeros Miguel Angel González y Emilio Melero, reelegidos el pasado enero para un nuevo mandato de cuatro años, integran el Consejo de Cuentas junto al leonés Mario Amilivia.

Durante 2018 se celebraron 23 plenos y se adoptaron 129 acuerdos, 23 de ellos sobre informes de fiscalización.

El Consejo cumple con su función mediante la emisión de informes anuales y específicos, con una actuación con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización, documentos que se remiten a los entes fiscalizados, a las Cortes, al Tribunal de Cuentas y en su caso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en virtud del protocolo firmado entre ambas instituciones en 2014.

La función fiscalizadora del Consejo de Cuentas se inicia mediante la aprobación en cada ejercicio del Plan anual de fiscalizaciones.

Los informes aprobados por el Pleno en 2018 y comunicados a las Cortes de Castilla y León fueron 20, entre ellos el de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad en 2015; la fiscalización de la gestión de la investigación de las Universidades Públicas de la región; la fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía; el informe de seguimiento de Recomendaciones (ejercicio 2017) o el informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León en 2016.

Seis de estos informes pendientes, entre otros, de su correspondiente presentación ante la Comisión del Parlamento autonómico, los expuso el presidente Amilivia el pasado 22 de marzo.

La memoria da cuenta también sobre la evolución de la rendición de cuentas de las entidades de la Comunidad, concretamente los 2.248 ayuntamientos, nueve diputaciones, un consejo comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociadas, así como 2.219 entidades locales menores.

Cerca del 80%

Al final del ejercicio, el nivel de rendición de cuentas se situaba al borde del 80 por ciento, porcentaje en el que continuará incidiendo la institución para seguir estimulando su crecimiento en aras a una administración eficiente de los recursos públicos y al control transparente del gasto.

Aproximadamente dos tercios del volumen de gasto sujeto a fiscalización por parte del Consejo de Cuentas corresponde a la Administración de la Comunidad y un tercio al sector público local.

El Consejo ha recordado que el 12 de diciembre de 2018 el Pleno de las Cortes eligió a los consejeros para su renovación con el nombramiento de Mario Amilivia, que tomó posesión como presidente el 22 de febrero, Miguel Angel González y Emilio Melero.

Por lo que se refiere al plan anual de fiscalizaciones para 2019, el presidente de la institución en las Cortes de Castilla y León el pasado 7 de marzo.

Entre las fiscalizaciones por mandato legal figuran la de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial 2018 o el de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma en 2018.

Entre las fiscalizaciones especiales, el análisis de la aplicación por parte de las entidades locales de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación o el cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de la Comunidad en el anterior ejercicio.

En colaboración con el Tribunal de Cuentas figuran tres fiscalizaciones: aplicación de la normativa en materia de dependencia; la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, y expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.