Más de 30.000 empresas se enfrentan a las dudas del nuevo control de las horas extra

Faltan diez días. Y las empresas que no cumplan la norma se exponen a sanciones que van desde los 60 a los más de 6.250 euros. El desconcierto es la tónica entre las empresas leonesas, no sólo entre pymes y autónomos, sino entre compañías de mayor tamaño que no ven cómo compatibilizar el control de horarios de los trabajadores al que les obliga el Real Decreto Ley 8/2019 y la flexibilidad y trabajo fuera del centro laboral que es la práctica de la mayor parte de los servicios, el principal sector de actividad. La norma pretende acabar con el trabajo extra que no se paga, el fraude que esta irregularidad supone para las arcas públicas (ni se cotiza a la Seguridad Social ni se declara a Hacienda) y la falta de control sobre el absentismo laboral. Los empresarios advierten de que no es aplicable a la mayor parte de los negocios actuales, y que supone un coste (en tiempo y el dinero), a la vez que no existen mecanismos efectivos para llevar este control a la práctica.

El real decreto que reforma el Estatuto de los Trabajadores se aprobó a primeros de marzo y contemplaba dos meses de «período transitorio». A partir del próximo día 12 todas las empresas deberán estar adaptadas. Se trata de garantizar el cumplimiento de los límites de las jornadas, crear un marco de seguridad jurídica para empresas y trabajadores en casos de diferencias de jornadas y salarios; controlar los trabajos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y vigilar el absentismo.

La norma que entra en vigor el día 12 exige que la jornada de cada trabajador se registre día a día. Los trabajadores tienen que fichar a la entrada y salida del trabajo, pero no se establece cómo controlar la jornada de quienes no desarrollan su actividad en un centro de manera continuada.

«El Gobierno aprobó el decreto por vía de urgencia cuando no existen motivos ni alarma social, ni problemas entre empresas y trabajadores que justifiquen esta medida», señala Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). «Lo lógico para una reforma de esta magnitud sería haber convocado a los agentes sociales y negociar, que es la forma de lograr reformas fructíferas».

Suárez incide en el nerviosismo que esta medida está provocando en las empresas, «más en León, con un 95% de micropymes y un sistema basado en la confianza mutua». Insiste en que la medida crea un problema de burocracia a las empresas. «Es plausible que persiga el fraude a la Seguridad Social, pero para eso ya hay medidas. No puede hacer de casos puntuales una causa que perjudique en general a empresas y trabajadores».

Desde el Círculo Empresarial Leonés (CEL) su tesorero, Pablo Roberto Herrero, lamenta la medida como «un paso atrás. Hace tiempo que las empresas apostamos por la libertad de horarios, y reclamamos una doble legislación: una proteccionista con los trabajadores en las grandes empresas y otra más liberal, abierta y sencilla con las pymes». Para el CEL la medida tiene sobre todo afán recaudatorio, y confían en que se dé un período de adaptación hasta que «se definan claramente las reglas del juego, para evitar sanciones». Mientras tanto, considera el decreto del Gobierno «claramente recaudatorio».

INSUFICIENTE

Desde la parte sindical se reclama «un desarrollo más completo de la norma», según explica el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero. «Ahora el peso recae sobre la negociación colectiva, pero hace más difícil al trabajador conocer el registro que lleva la empresa. Si quiere saberlo tiene que solicitarlo, y muchos por miedo no van a hacerlo». Junto a CC OO consideran «descafeinado» el texto final del Gobierno, porque no recoge el derecho del trabajador a acceder a la información ni la obligación de informar a los comités. «Deja en manos del empresario la organización del registro, y apenas supone avance en la materia. Lo que reclamamos es una clara modificación de la reforma laboral en este sentido, y que se modifique realmente la norma sancionadora sobre incumplimientos de horas extraordinarias, tiempo parcial y descansos».

El secretario general de CC OO, Xosepe Vega, recuerda que la norma responde a una exigencia europea, pero asegura que es «tremendamente insuficiente, y no va a ser efectiva. Deja el desarrollo del reglamento a la negociación colectiva y al empresario, sin equilibrio de fuerzas no puede ser eficaz».

Ante las dudas de las empresas la Fele ha organizado una jornada informativa el próximo día 16 (cuatro días después de la entrada en vigor de la norma) para informar. Será abierta a todos los interesados.