El Gobierno creará un grupo de trabajo para garantizar la "equidad" de la prueba entre autonomías

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, anunció hoy que próximamente se establecerá un equipo técnico que tendrá como cometido explorar las posibilidades que permitan garantizar la “equidad” en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), antes conocida como selectividad, en las distintas comunidades autónomas, lo que “no significa una prueba exacta” para todas ellas.

Así se pronunció Celaá, en declaraciones a los periodistas tras rubricar junto con la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, un protocolo y un convenio para adaptar la FP a las Fuerzas Armadas en la madrileña base de Cuatro Vientos, acerca de las voces que reclaman una prueba única de acceso a la Universidad en todas las comunidades autónomas para evitar posibles privilegios según la procedencia geográfica.

Celaá dejó claro que trabajará para “garantizar la equidad, lo que no significa una prueba exacta para todas las comunidades autónomas, pero sí una que tenga el mismo grado de dificultad”.

Por ello, anunció que próximamente se configurará un equipo técnico que tenga como objetivo “identificar si ha habido diferencias que afectan a la equidad” en la EvAU y “trabajar en la mejora para garantizar la equidad en las pruebas, lo que significa (que tengan) el mismo grado de dificultad”.

Explicó que ese grupo será “forzosamente mixto”, al tener que contar con personal del Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y las universidades, y aclaró que contar con una prueba de acceso a la Universidad “exacta” en todas las comunidades supondría un “empobrecimiento del currículum”.

Por último, comentó que la de este año ha sido su primera EvAU como ministra e indicó que en su desarrollo ha observado “algunas incidencias”, como la dificultad del examen de Matemáticas en la Comunidad Valenciana y la disparidad de criterios para penalizar las faltas de ortografía, un aspecto, éste último, en el que espera que las comunidades autónomas sean capaces de aunar procedimientos.