Indignación en la N-120 tras un nuevo atropello

La N-120 no es una carretera más. Tampoco, sus travesías, que desde hace más de cuatro años están pendientes de recibir inversiones para mejorar la seguridad vial y, desde hace dos, de cumplir con un desvío de tráfico para aliviar de presión de tráfico a los núcleos urbanos y a sus habitantes. En medio de esta espera, se acumulan incidencias. La última, el atropello a un peatón, a una joven que resultó con heridas de consideración, reabre la polémica sobre la exposición de la población a los riesgos de la carretera del corredor interior que más circulación recoge en la provincia.

El reciente atropello eleva la indignación vecinal, latente desde que hace cuatro años, se elevó una raya continua de 3,2 kilómetros de longitud que entorpece toda la permeabilidad en los trayectos domésticos, las comunicaciones entre poblaciones vecinas, el acceso a carreteras secundarias elementales para la comunicación de comarcas enteras (la del Órbigo, por ejemplo, vive pendiente de un hilo en la salida de la vía de la red provincial que desemboca en la nacional, en el cruce que enlaza con Montejos del Camino), el paso a pie de una orilla a otra de la travesía, la tensión acumulada por circular en este trecho a una velocidad que apenas permite tramos por encima de límites de 50 por hora. La línea continua fue la espoleta para un tránsito con todos los condicionantes del estrés. La mayoría de las promesas de la administración central para compensar la situación extrema que se vive en esta zona, a lo largo de los tramos urbanos de la N-120, especialmente en los núcleos del municipio de Valverde de la Virgen, están pendientes de ejecución; no hay señales luminosas que adviertan al tráfico rodado de la presencia de pasos de peatones; tampoco, las dos rotondas que los responsables de Fomento y del Gobierno ofrecieron para aliviar de tensión a la carretera; una, a la altura de la intersección aludida con la carretera a Montejos y Carrizo; otra, en las proximidades del cambio de rasante que afronta la vía entre las localidades de Valverde y San Miguel.

Dos pasos de peatones son la única aportación entre todo aquel relato de medidas que se anunciaron para salvaguardar la integridad de la población ante más de veinte mil vehículos diarios.

Pero si hay una hipoteca para la seguridad vial de la zona que los vecinos ven urgente de amortizar, esa es la que debe empujar al desvío de tráfico pesado hacia la autopista León-Astorga, enlace de altas prestaciones, que admite en su limitación de demanda de tráfico diario los excesos que desbordan a la nacional.

Ese cambio tampoco se ha cumplido, a pesar de que un convenio entre el Ministerio de Fomento y la administración de la autonomía dio por hecho en otoño de 2017 que era un asunto consumado; así quedó escrito, a falta de desarrollo del acuerdo, que implicaba a todos los sectores implicados; transportistas y responsables de la DGT, incluidos. Los cambios de Gobierno, la variación de criterios, el trámite dl protocolo para obligar a los camiones (700 al día) hacia el peaje, con una bonificación de hasta el 75% de pago de la AP-71, han dilatado la ejecución de la medida que, según la primera previsión, debía de estar en vigor desde hace casi un año y medio.

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, en torno al litigio emprendido por los transportistas contra medidas de desvío similar al que se quiere aplicar entre León y Astorga, pone en solfa la aplicación de aquel acuerdo entre administraciones que dejó expedito el camino de la N-120 a la autopista de pago. El fallo señala que la contaminación acústica, o la congestión de tráfico, no justifican el trasvase obligatorio de tráfico.