El 30% de las pensiones por invalidez se firman en la provincia
La provincia supera a Valladolid por más de cuatro mil beneficiarios
El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), implantado en el año 1947, es una pensión a extinguir de la que solo existen 183 beneficiarios en la Comunidad que perciben poco más de 420 euros mensuales. SANJAD BAID
Las pensiones de incapacidad permanente han aumentado casi un cinco por ciento en los últimos cinco años en el conjunto de Castilla y León, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Asimismo, a 1 de julio de 2019, un total de 46.840 personas tenían reconocida esta condición en la Comunidad y, en consecuencia, se encontraban inhabilitadas para desarrollar su actividad laboral en algún grado. Se trata de 2.161 más que en el mismo periodo de 2015.
Por provincias , tres de cada diez son percibidas por leoneses (13.999 ) en el marco del progresivo envejecimiento que afecta a su población. Por detrás, se sitúa Valladolid con 9.706 beneficiarios. Les sigue Salamanca (5.252), Burgos (4.772), Palencia (4.054), Ávila (2.925), Zamora (2.643), Segovia (2.266) y Soria (1.223).
De todas las prestaciones económicas, cuyo importe medio supera los 976 euros al mes (53,5 más que hace un lustro), 1.761 entran dentro de la clasificación de gran invalidez, que son aquellas que perciben quienes están limitados totalmente para el ejercicio de cualquier trabajo y, además, necesitan del cuidado de otras personas.
La pensión de incapacidad permanente total la cobran aquellos -un total de 15.963 en la Comunidad- que no pueden desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero sí pueden realizar otras actividades.
Se corresponde con un porcentaje del 55 por ciento de la base reguladora correspondiente que, a partir de los 55 años, asciende a un 75 por ciento. De ahí, la diferencia con la cualificada, que perciben 14.482 castellanos y leoneses.
La incapacidad permanente absoluta se concede a las personas impedidas para realizar cualquier actividad laboral por cuenta ajena o propia, presumiblemente, de forma definitiva. Un total de 14.451 personas la tienen reconocida.
La de tipo parcial, que está orientada a aquellos trabajadores con secuelas físicas o psíquicas que si bien inciden en su rendimiento, no les impiden desarrollar las tareas fundamentales de su puesto, no llega a ningún castellano y leonés, según se desprende de la última estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Por último, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), implantado en el año 1947, es una pensión a extinguir de la que solo existen 183 beneficiarios en la Comunidad que perciben poco más de 420 euros mensuales.
Desde la reforma de la Seguridad Social por la Ley 27/2011, se han endurecido los criterios para lograr una pensión. En este sentido, muchos afectados recurren a los juzgados de lo Social para conseguir en los tribunales lo que la autoridad administrativa les niega.
No en vano, cerca de 50.000 asuntos que la Seguridad Social rechaza cada año como incapacidades permanentes llegan a los tribunales. De ese total, unos 20.000 son estimados tras una batalla judicial que puede durar un par de años.
Así, en Castilla y León se observa una disminución de las pensiones por incapacidad absoluta concedidas (medio millar menos en cinco años), mientras que las totales han aumentado más de un 10 por ciento en el último lustro hasta sumar casi 3.000 más.