La acusada de usar burundanga sólo habrá de responder a cargos por robo con violencia

La sospechosa de utilizar burundanga contra siete personas antes de su detención y encarcelamiento el pasado mes de enero no responderá en principio a cargos por supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa ni de estafa por los que el Ministerio Fiscal venía dirigiendo la acusación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de León ha firmado esta semana un auto por el que convierte la causa en un procedimiento abreviado, en el que la acusación se dirige contra la investigada por un delito continuado de robo con violencia. La legislación tipifica con penas sensiblemente inferiores esta modalidad delictiva, que en el peor de los casos puede comportar cinco años de reclusión. Contra esta decisión de la jueza cabe recurso, aunque por el momento ninguna de las partes lo ha presentado.  

La fiscal había considerado inicialmente la existencia de cuatro casos de homicidio en grado de tentativa, lo cual habría implicado un aumento de las penas propuestas de forma sustanciosa. Ahora todo hace indicar que se va a inclinar a entender que hubo un delito continuado de robo con violencia, por la utilización de sustancias que anulan la voluntad de las víctimas para conseguir sus objetivos.  

El procedimiento abreviado es un proceso penal que se ocupa de juzgar aquellos hechos tipificados como delito por el código penal español bajo la condición de que la pena privativa de libertad contemplada para tal delito no supere los nueve años de prisión, así como penas de cualquier naturaleza, cuantía y duración (inhabilitación, multa, etcétera).  

Requiere para su inicio de una querella o denuncia presentada por una persona particular o a través de un atestado policial o por las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal. Si se inicia un procedimiento abreviado y más tarde se comprueba que los hechos deberían ser juzgados por otro procedimiento, el enjuiciamiento prosigue por el proceso penal que en su caso corresponda, sin necesidad de que las actuaciones y diligencias efectuadas hasta el momento sean anuladas.  

INFORME PRELIMINAR  

La operación se inició en octubre de 2018, cuando la propia acusada de los envenenamientos presentó una denuncia en dependencias de la Guardia Civil por haber sufrido una supuesta extorsión a manos de dos individuos que le exigían una deuda de más de 200.000 euros.  

Varias personas habían ingresado en el Hospital de León con síntomas similares de disminución de la consciencia. Todas habían notado la desaparición de dinero durante el periodo en que tuvieron anulada la voluntad.  

La Guardia Civil relata en su informe de los hechos que la acusada adquirió cierta cantidad de escopolamina a finales de enero o comienzos de febrero de 2018 y que la utilizó para intoxicar al menos a siete personas. Primero a un amigo de su padre, al que intentó convencer para que le comprara un vehículo y al que dejó en estado grave. Luego a un empresario, por venganza, que sufrió una intoxicación leve. A una amiga suya en dos ocasiones también por venganza, con resultado de intoxicación menos grave. A un tío suyo en dos episodios, al que le sustrajo 300 euros, con secuelas graves en ambos casos. También a una amiga a la que le sustrajo 9.000 euros, que resultó con resultado clínico leve. A su padre, lo que le permitió evitar el pago de una deuda de 7.000 euros contraída con una tercera persona, que resultó intoxicada en estado muy leve. Y finalmente a otra amiga, a la que sustrajo 1.430 euros, con un episodio clínico menos grave, siempre según las consideraciones de la Guardia Civil.  

El informe, de 124 páginas, se acompaña de una abundante prueba documental, con otro memorándum de 669 folios en el que aparecen extractos bancarios. También se analizan algunas de las coartadas presentadas por la investigada para justificar algunos de sus comportamientos, que son desmontados en parte de los casos. La instrucción sigue su curso aunque la investigación está casi completada.