La Fiscalía pide cámaras en despachos y aulas para probar el abuso de menores

La Fiscalía General del Estado considera que es momento de normalizar el uso de cámaras de vídeo en las aulas y los despachos para frenar el impactante incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Son datos, los de 2018, «especialmente preocupantes», tal y como se recoge en su memoria anual publicada ayer. Partiendo de que la escuela no es el principal foco en los delitos de este tipo, sino el entorno familiar, resulta igualmente preocupan los datos que refleja el informe de la Fiscalía, en donde se puede comprobar que solo en la provincia de León se produjeron cuatro casos de agresiones sexuales cometidas por menores, siete más corresponden a casos de abuso sexual, hubo tres causas de violencia de género y más de 30 expedientes de maltrato familiar, también cometido por menores de edad.

En la misma memoria advierte de la dificultad que suele suponer un análisis jurídico en estos casos, ya que se suelen producir en «un entorno de extrema intimidad en su ejecución y donde además se añade una connotación de vergüenza derivada de la peculiar vejación sufrida por las víctimas, que en ocasiones les lleva a manifestarse con claro rechazo de la intervención de la administración de justicia».  

La propuesta no solo afecta a los comportamientos que se suceden en las aulas, sino que también se pretende ampliar la colocación de cámaras en los centros deportivos de las escuelas, dado que, según la Fiscalía, los abusos se suelen cometer en los mismos lugares. De esta manera, no solo se trata de una medida disuasoria, sino que permitiría probar delitos que ahora quedan impunes. El Ministerio Público subraya también el «inquietante» y «preocupante» aumento de los casos de violencia de género y de abusos cometidos por los adolescentes, entre los que menciona las violaciones grupales. «Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica».  

LA PORNOGRAFÍA NO AYUDA

«Se trata de un fenómeno que guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se representa a la mujer cosificada», por lo que aboga por afrontar el problema «desde el ámbito educacional».

La iniciativa tuvo ayer una rápida repuesta en despachos y redes sociales, con posturas más que encontradas. Diferentes representantes de la comunidad educativa mostraron su recelo sobre la sugerencia y expusieron que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes. Desde el ámbito estudiantil, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes Canae, Carlos López, afirmó a Europa Press que a la propuesta de la Fiscalía «le falta concreción» y supondría tener que «equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales».  

Por parte de las familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Leticia Cardenal, rechaza la sugerencia de la Fiscalía y desconfía del control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos. «Somos contrarios a esa medida porque no va a favorecer el clima del centro, y por la protección de datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias».  

El presidente de Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, señaló que la medida debería ser «consensuada y estudiada por todos los agentes sociales involucrados en la educación de los más jóvenes».  

La reacción de algunos sindicatos docentes es todavía más contundente. Por ejemplo, de CSIF, cuyo responsable de Educación, Mario Gutiérrez, calificó de «barbaridad» lo que considera una «ocurrencia» de la Fiscalía. Para el presidente del sindicato Anpe (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Nicolás Fernández, se trata de una medida «totalmente desproporcionada e ilegal porque en los centros los alumnos son menores que están bajo el amparo de la ley del menor».  

«Es un tema complicado», afirma Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. «Soy partidario, como es natural, de la máxima transparencia, pero no sé si es buena política estar grabando todo el rato todo el mundo, es una cuestión que habría que estudiar».