«Más de la mitad de los dictámenes de León corresponden al sector sanitario»

El Consejo Consultivo ha incrementado significativamente su actividad en 2019. En diez meses ha emitido un 12% más de dictámenes que en el año pasado; y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto un 60% más de recursos. Además, ha duplicado las visitas de su web en comparación al 2018, superando los dos millones. Aún así, para S. de Vega quedan retos para el 2020 como mejorar la autonomía de la institución, incorporar nuevos letrados o ampliar la colaboración con las universidades.  

—¿Qué labores lleva a cabo?  

—Como garantía de legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales ejerce dos funciones: las propias de un órgano superior consultivo y las correspondientes a un tribunal administrativo sobre contratación pública. Los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial son de los más numerosos y, además, nos acercan al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, el correcto funcionamiento de los servicios públicos.  

—Usted ha lamentado que el presupuesto es bajo en proporción a sus competencias...  

— En 2011 teníamos 3,5 millones de euros de presupuesto. En 2012 se incorporó el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl), a coste cero. Somos el Consejo que más atribuciones tiene, menos consejeros, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias. A mayores, en 2013, se redujo el presupuesto a 2,3 millones y se mermó la plantilla de letrados, que son el peso especialista del Consejo. Teniendo en cuenta que han aumentado los casos que abordamos en un 60% en 2019, de 131 casos en 2018 a 180 cifrados a 1 de noviembre de 2019, la situación puede llegar a ser insostenible, y eso que hasta ahora estamos resolviendo los dictámenes tres o cuatro días antes del plazo legal.  

—¿Cual es la situación de León?  

—Los datos de León vienen a ser razonables en comparación con el resto de provincias. A 1 de noviembre de 2019, en León se han emitido 66 dictámenes, 54 de ellos de responsabilidad patrimonial: accidentes por mal estado de la calzada, situación del mobiliario urbano, y 29 de ellos por mal funcionamiento del sector sanitario. En cuanto al Tarccyl se han emitido 18 resoluciones en León, una más que en el ejercicio entero del año anterior.  

—Coincide con Mario Amilivia en dotar de mayor autonomía a la entidad. ¿Por qué?  

—La creación en 2013 de una secretaría común a todas las instituciones dependientes de las Cortes fue algo incorrecto desde el punto de vista operativo. Sobre todo en el caso del Consejo Consultivo, que tiene que funcionar muy separado del Gobierno y del resto de instituciones para mantener los criterios de objetividad e independencia. Habría que estudiar las disfunciones de esta decisión.  

—Tenía intención de colaborar con corporaciones locales y universidades. ¿Lo ha conseguido?  

— Sí, de momento con la Universidad de Salamanca, firmando en abril un acuerdo marco de colaboración en varios aspectos (becarios, cursos de especialización, organización de títulos especializados en materia consultiva y de contratación, etc.). Y también hemos logrado acercarnos a las diputaciones provinciales, con reuniones en las que participan técnicos y especialistas en asuntos propios del Consejo.  

—También ha defendido incentivos económicos para quiénes vivan en el mundo rural. ¿Es la solución para la despoblación?  

— Por una parte habría que explorar posibilidades económicas y financieras impositivas para que la gente joven pueda volver a vivir en el mundo rural: facilitarles la vivienda, tanto en propiedad como en alquileres baratos, o rebajas fiscales. Y por otro lado, las leyes, normas o nuevos reglamentos que van a ponerse en vigor en el ordenamiento deberían contar con un informe previo sobre despoblación y mundo rural, del mismo modo que se exige un informe de género, de conciliación de la vida laboral, o de medio ambiente.

BEGOÑA SESMA- "Representamos la conciencia de la Administración"

La presidenta del Consejo Consultivo de Asturias aportará una visión periférica a la mesa redonda. Allí se constituyó en el año 2004 y vienen dictando unas 300 resoluciones al año, aunque según confirma Begoña Sesma «cada año es muy desigual». «Estos organismos representan la conciencia de la Administración: somos quiénes, con un criterio objetivo, técnico e independiente, transmitimos a las instituciones si pueden o no tomar ciertas decisiones», explica Sesma. Además, el de Asturias tiene algunas diferencias con su homólogo en Castilla y León, como las competencias que tiene éste mediante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. «Tiene la ventaja de que refuerza la posición del Consejo, pero también existe el riesgo de que se contamine el ejercicio de la función consultiva con la actuación como tribunal administrativo», analiza la presidenta. En cuanto a su intervención, irá enfocada a  «explicar particularmente un ámbito: el de la responsabilidad patrimonial de las administraciones. A nivel municipal, autonómico; en el sector sanitario, que nos da mucho trabajo» admite, «o anulando leyes y contratos urbanísticos».

LUIS FUENTES. - "Es la más técnica y cumple una labor social"

 El presidente las Cortes de Castilla y León aprovechará la jornada de hoy para presentar al nuevo responsable de la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias, José María Zarzuelo, que fue nombrado la semana pasada. Luis Fuentes Rodríguez asegura que el Consejo Consultivo es la institución «más técnica, y más complicada». «Desempeña dos funciones principales: en primer lugar apoyar a las administraciones, sobre todo  para los pequeños municipios; y en segundo, controlarlas, lo que hace que las instituciones sean eficaces y transparentes antes de tomar las decisiones que atañen a sus ciudadanos», asegura Fuentes. El máximo encargado de las Cortes destaca, además, que «tienen una parte de labor social», ya que de los 557 dictámenes que emitieron el año pasado hay una gran parte que atañen a la conciliación laboral, la eliminación de la brecha de género o la protección de las familias más vulnerables. 

 «Los dos anteriores foros han sido un éxito extraordinario para acercar estas instituciones a la ciudadanía y esperamos que hoy sea igual», añade. El Consejo Económico y Social será el protagonista de la cita en diciembre.