El PP exige al PSOE que pida perdón por la Enredadera
dl | león
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, reclamó ayer al Partido Socialista de Castilla y a su secretario autonómico, Luis Tudanca, que pida perdón tras el archivo de la pieza leonesa de la Operación Enredadera, que acabó con la dimisión del concejal del PP José María López Benito, tras ser investigado por los supuestos amaños en sistemas de gestión del tráfico en diversos municipios. Tudanca le respondió que el PSOE no va a dejar de denunciar los numerosos casos de corrupción del PP.
Tras la celebración de la Mesa de las Cortes, De la Hoz recordó que, a raíz de las informaciones sobre la Operación Enredadera, «algunos se echaron las manos a la cabeza» y acusaron «de todo» al PP», incluso con insultos y reclamaciones para la dimisión de las personas que aparecían en las grabaciones de la Policía. Todo ello provocó la dimisión del concejal del Ayuntamiento de León López Benito, tras ser presionado por el «supuesto escándalo».
El portavoz popular apuntó que el juez archivó anteayer las diligencias tras no encontrar indicios delictivos. «Tudanca y el PSCyL deben pedir perdón por el daño personal al PP y, sobre todo, a personas concretas, cuyo nombre mancharon», añadió.
En este sentido, consideró que se comete un «grave error» en la democracia al permitir anticipar decisiones políticas a decisiones judiciales. «Hoy es un buen día para que todos reflexionemos del daño personal que, a veces, genera la manipulación política», significó en declaraciones recogidas por Ical. En este proceso estaban siendo investigados José Luis Ulibarri Cormenzana, Ángel Luis García Martín, Miguel Hernán Manovel García, Sadat Maraña, José María López Benito, Juan José Simón Callejo, Miguel Martínez Puente y Javier Herrero. Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista recordó a De la Hoz que ya ha finalizado la campaña electoral, por lo que deje de dar mítines en las ruedas de prensa.
Es la Fiscalía quien pidió el sobreseimiento al considerar que una vez analizadas las correspondientes intervenciones telefónicas y los expedientes de contratación intervenidos se concluye que no hubo delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación. Pese a ello, el auto será recurrido por parte de Izquierda Unida, según anunció ayer la portavoz, Inés Diago, «al considerarla una decisión prematura y que sigue habiendo graves indicios de delito en la causa».
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 decretó el sobreseimiento de la causa puesto que, en sus palabras, «analizadas las correspondientes intervenciones telefónicas y los expedientes de contratación intervenidos, concluimos que las observaciones de las comunicaciones registradas no podrán ser entendidas nunca como delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación, de acuerdo a los argumentos jurisprudenciales expuestos».